La Policía desarticula una red de contrabando de visores para armas de fuego en tres provincias y detiene a 3 personas
Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han desarticulado una red de contrabando de visores para armas de fuego sometidos a control por su doble uso y peligrosidad, en una operación conjunta por la que se ha detenido a tres individuos y se han practicado registros simultáneos en Albacete, Badajoz y Talavera de la Reina (Toledo) que se han saldado con la intervención de 53 visores térmicos nocturnos valorados en 6.000 euros la unidad.
Según informa la Policía en un comunicado, los detenidos, a quienes se les imputa un delito de contrabando, adquirían los visores en Portugal y Lituania y los introducían en España sin licencia para evitar los organismos de registro y control, sirviéndose para ello de sus negocios, una armería y una empresa de importaciones.
La investigación comenzó cuando los agentes detectaron la existencia de una red de contrabando de visores para armas de fuego. Sospecharon de tres individuos, a quienes se les había denegado en numerosas ocasiones la licencia para la compra venta de los visores en la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y doble Uso (JIMDDU), ya que no podían acreditar el destino y uso legal de un equipamiento que está prohibido en la caza.
Tras varias gestiones, los agentes detectaron que los investigados habían reducido las solicitudes de licencia en los últimos tres años pero, sin embargo, adquirían un mayor número de visores que eran vendidos a través de su página web a terceros sin mantener el adecuado control y registro.
Tras analizar todos los datos, los investigadores establecieron elcorrespondiente dispositivo y practicaron tres entradas y registro simultáneas en inmuebles de Albacete, Badajoz y Talavera de la Reina (Toledo). En total se detuvo a tres personas, todas ellas españolas, y se incautaron 53 visores nocturnos, térmicos y acoplables a armas de fuego, cuyo valor puede llegar a los 6.000 euros por unidad.
La Policía destaca que estos dispositivos están sometidos a control para evitar un posible uso malicioso por organizaciones criminales o su uso en ataques contra la población civil. Por eso, la venta indiscriminada e ilegal que llevaban a cabo los detenidos supone un «riesgo para la seguridad nacional por su exponencial lesividad».
La investigación, desarrollada bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Talavera de la Reina (Toledo), ha sido llevada a cabo por agentes de la Comisaría General de Información y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información de Albacete, Badajoz y la Brigada Local de Talavera de la Reina.
