La Policía constata que el gabinete de Oltra no cruzó correos sobre los abusos antes de que ella tuviera conocimiento

VALENCIA, 6

El Grupo Técnico Operativo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia ha constatado que los correos entre miembros del gabinete de la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, sobre el caso de una menor tutelada víctima de abusos de un educador comenzaron el 8 de agosto de 2017, mes en el que la exconsellera de Igualdad declaró que conoció la citación judicial a su exmarido por estos hechos, de la que ella supo el día 4.

Así se desprende del informe realizado por la Policía sobre los correos cruzados entre los días 4 y 20 de agosto de 2017 entre los miembros del Gabinete de Oltra, dentro de la instrucción que está realizando el Juzgado número 15 de Valencia, que investiga si en la Conselleria de Igualdad se encubrieron los abusos del educador, expareja de Oltra, y si se acordó abrir una investigación paralela en su departamento.

Oltra, en su declaración ante el juez en septiembre del pasado año, negó que ordenara abrir esa investigación paralela a la judicial y afirmó que se enteró de los abusos el 4 de agosto de 2017, cuando recibió una notificación judicial en su domicilio, con lo que aseguró que desconocía el trabajo que habían estado haciendo los técnicos de su departamento desde el mes de febrero anterior, cuando la víctima, que entonces tenía 14 años, denunció los hechos.

De acuerdo con las comprobaciones realizadas por la Policía, según un oficio de fecha de 10 mayo consultado por Europa Press, en ese periodo de tiempo solo hay dos personas del gabinete de Oltra que intercambiaron correos: el exjefe de gabinete, Miquel Real, y el asesor Enric Alcocer. Del primero, hay uno; del segundo, ocho y en ellos no se hace ninguna referencia a la exvicepresidenta ni al implicado en los hechos, sino únicamente tratan de la menor.

En conjunto, se adjuntan –con el asunto con el nombre del centro de menores donde sucedieron los hechos– documentos como los oficios de Fiscalía, comunicaciones de incidencias o diligencias de la psicóloga de la dirección territorial, pero en los que no se cita el nombre del implicado –que solamente aparece en un auto de alejamiento dictado sobre él de febrero de 2017, tras la denuncia de la entonces menor–.

De hecho, se producen después de que la Fiscalía de Menores remitiera tres escritos a la Conselleria, de fecha 6, 10 y 14 de julio, requiendo explicaciones sobre por qué no le fue comunicado lo sucedido en febrero cuando se tuvo conocimiento de los hechos, y en los que pedía el cambio de centro de la víctima, además de los informes de exploración y valoración psicológica.

Con este oficio, el Grupo Técnico Operativo da cumplimiento a lo acordado por el instructor, tras una petición de Gobierna-TE, la asociación presidida por la exidirigente de Vox Cristina Seguí, que ejerce de acusación popular en el caso. El juez acordó averiguar los miembros del gabinete de la exconsellera entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de ese año y recabar los correos electrónicos que hubieran podido mantener entre sí y con Miquel Real entre el 4 y 20 de agosto de 2017.

Una vez completado y recibido el informe, el instructor acordó este pasado lunes levantar el secreto de las actuaciones que pesaba sobre esta pieza, por lo que queda pendiente el secreto sobre una segunda, relativa a los correos entre dos altos cargos de Igualdad en la etapa de Oltra: Enrique Alcocer, y el ex secretario autonómico Alberto Ibáñez.

En el oficio consta un correo reenviado por Alcocer a Real, el 8 de agosto a las 14.08 horas y con documentación adjunta, y ocho de Alcocer, el primero de la misma fecha, de dos minutos antes, y enviado por la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gema Plaza. Los posteriores, del 10, 11, 14, 16 y 18, contienen también documentación. En algún caso, la remitente es la jefa del Servicio de Infancia y en otros envía al también exsubsecretario de Igualdad Francesc Gamero y a la directora general de Infancia, Rosa Molero.

EXPEDIENTE INFORMATIVO

Del mismo 8 de agosto hay otro escrito de la Dirección General de la Infancia en el que se comunica a la territorial que se ha tenido conocimiento verbal en ese día de las declaraciones de la víctima, que se ha dado parte ya a Fiscalía y pide que se abra expediente informativo «a fin de constara, en su caso, la veracidad de los hechos y que se informe a esta Dirección General de las actuaciones realizadas».

Varios de los correos a Alcocer son para informarle del escrito que se remitirá a Fiscalía, en el que la Conselleria señala que, de las indagaciones realizadas y las entrevistas realizadas a la menor por la directora del centro, psicólogo y director del Comité Antisida, «no se apreció ningún indicio a partir del cual poder determinar que lo manifestado por la adolescente hubiese ocurrido realmente, no se consideró necesario realizar más actuaciones».

Entre los últimos correos, del 18 de agosto, figura uno de la jefa del servicio de Infancia con el informe sobre la incidencia en el centro y señalando que se va a instruir expediente informativo «nombrando instructor y siguiendo el procedimiento establecido».

En ese informe de incidencia, se hacía constar que los informes psicológicos no otorgaban credibilidad al testimonio de la menor y que llamaba la atención que no hubiera denunciado en el centro y que solo lo hiciera cuando quiso lograr su objetivo de no seguir en el centro: una vez para formalizar el acogimiento con la familia de su novio y la segunda para evitar que la Policía la devolviera tras una fuga.

BLOQUEO DE CUENTAS

Por otra parte, consta otra resolución del juez en la que deja sin efecto el bloqueo e inhabilitación de las cuentas @cv.gva.es que estuvieran relacionadas con la Conselleria de Igualdad y Vicepresidencia, –una petición de Gobierna-TE, que temía un borrado de correos–, ya que un informe del Subdirector General de Sistemas y Gestión ha comunicado que no guardan relación con el personal del Consell sino que se trata de un dominio creado para proveer de cuentas a la ciudadanía, que se decidió eliminar hace más de un año al entender que esta no era una función propia de la Generalitat.