La PMcM denuncia que el plazo medio de pago se ha duplicado en algunos sectores, superando los 140 días
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado que, como revelaron los datos de la Central de Balances del Banco de España relativos a 2021, el plazo medio de pago a proveedores se ha duplicado en algunos sectores, superando incluso los 140 días en las actividades inmobiliarias e industriales, entre otras.
Pese a los avances que se han producido en materia de morosidad, los plazos de pago a proveedores se situaron en 2021 en una media de 69 días, una cifra similar a la registrada un lustro atrás (2016).
«Estos datos son muy preocupantes, más si cabe en un contexto de incremento de la inflación, encarecimiento de la financiación que sufren especialmente las pequeñas empresas y las familias, y subida del 2,5% del tipo de interés de demora en las operaciones comerciales», ha señalado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
El sector de suministro de agua y las actividades profesionales, científicas y técnicas lideraron los registros de morosidad en 2021, con un plazo de pago medio de 149 y 146 días, respectivamente. El sector inmobiliario y las industrias extractivas fueron los siguientes, ambos con un retraso medio en el pago de 140 días.
La PMcM ha destacado también que las grandes empresas han tardado más en pagar que las pymes, 71 días frente a 64, y así, la plataforma ha recordado la necesidad de reforzar el régimen sancionador ante la evidente posición de dominio de algunas grandes empresas.
La organización calificó como «histórica» la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, pues implantaba límites a las trampas y los abusos de los subcontratistas, pero ha reconocido que «su impacto no se ha traducido finalmente en una clara reducción de la morosidad».
La PMcM también se mostró muy optimista ante la proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad presentada ese mismo año por Ciudadanos, pero esta no llegó a tiempo antes del cambio de Gobierno y Cañete ha lamentado que nunca pudiera materializarse.
Desde la plataforma, han criticado que la modificación de la ley de morosidad se esté retrasando continuamente y han manifestado que «un régimen sancionador introducido en la actualización de la directiva europea sería un gran paso, a la vista del tapón existente todavía hoy en el Congreso sobre este tema».