La plataforma de Nicolás Redondo pide firmas contra la mesa de diálogo con Cataluña e insta a negociar en el Parlamento
La plataforma de Nicolás Redondo, La España que reúne , junto con Impulso Ciudadano y S ha Acabat! , piden firmas en contra de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, que tendrá lugar este miércoles, y a favor de una negociación en las Cortes Generales en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
En una nota de prensa las plataformas rechazan la mesa de diálogo porque, dicen, «no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía», por lo que abogan por una «alternativa representativa» y democrática que respete la Constitución y que «dé voz a todos los españoles».
«Cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el Gobierno de España con el Gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país», recoge la nota.
Según expone el escrito, esta mesa de diálogo no es el instrumento adecuado para solucionar los problemas territoriales, sino una herramienta de «división» y de creación de «desigualdades» ya que en la reunión solo participan los «nacionalistas catalanes» y se «margina» a otros ciudadanos catalanes que se «oponen» a la secesión.
En esta misma línea, critican que los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno catalán «carecen del mínimo consenso en Cataluña» y son «inabordables» desde un punto de vista constitucional y, aseguran, existen otras «prioridades democráticas» entre las que destacan el «respeto a la ley al estado de derecho de todas las instituciones y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de desafío a la legalidad y confrontación».
Así las cosas, los firmantes de esta iniciativa ponen de relieve la necesidad de un nuevo debate que «abarque no solo a Cataluña» sino que sirva para «racionalizar» el Estado autonómico que «da signos de fatiga estructural» y que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales «con lealtad institucional» de forma que garanticen los «derechos de los ciudadanos».
