Suspendida la prisión a los condenados de la trama de Obras menos al funcionario, que ingresará en enero en Zaballa

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a todos los acusados por la trama de Carreteras de la región, por la adjudicación irregular de contratos de Obras Públicas por parte de un funcionario a empresarios del sector, en los términos pactados entre las acusaciones y las defensas, conformidad que ha sido ratificada y formalizada en la vista celebrada al efecto este viernes.

En la misma, los procesados se han mostrado conformes con los hechos y penas que recoge el escrito, que se llevará a la sentencia sobre la que la jueza, de la Sección Tercera y que iba a presidir el tribunal del jurado -que no ha sido necesario constituir-, ha decretado ya firmeza, al comprometerse las partes a no recurrirla. Además, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión para todos los implicados menos para el empleado público considerado cabecilla de la red, condenado a siete años de cárcel y que ingresará después de Navidad -el 8 de enero- en Zaballa, la prisión provincial de Álava.

Se trata del centro penitenciario más cercano al lugar donde Miguel Ángel Díez Barrio se ha trasladado a vivir y trabajar, y al que se ha concedido un plazo de algo más de un mes para empezar a cumplir la pena privativa de libertad -lo habitual suelen ser diez o quince días- a petición de su abogado, que ha trasladado a la magistrada la intención de su cliente de ingresar tras las fiestas navideñas y de forma voluntaria en prisión, donde ya estuvo de manera preventiva seis meses tras destaparse el caso.

Este letrado ha esgrimido motivos organizativos de carácter familiar y laboral, derivados del cambio de comunidad autónoma, domicilio y trabajo del funcionario -que fue apartado de su puesto en la Consejería, donde fue jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas en la etapa de los hechos-, punto en el que ha explicado que el principal encausado en la trama está desarrollando labores profesionales relacionadas con obras y que no podrá terminar hasta finales de diciembre.

Y ha alegado también razones de naturaleza penitenciaria, para gestionar su internamiento en ese centro, y «humanitarias», teniendo en cuenta la proximidad de las navidades, además del reconocimiento de los hechos y las cantidades reclamadas por el perjuicio causado al Gobierno de Cantabria, cifrado en más de 1,6 millones de euros. La jueza no ha visto objeción a conceder ese plazo adicional y la Fiscalía y el Ejecutivo, que ejerce la acusación particular, no se ha opuesto.

Mientras, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión a su mujer -condenada a un año y un día- durante dos años y a condición de que no cometa delito alguno en ese periodo, durante el cual también se suspenderá de forma extraordinaria la cárcel a los cuatro constructores procesados a condición, además en estos casos, de que paguen una multa de 960 euros, a razón de una cuota de 6 euros durante 160 días.