Actividad portuaria, postal y taxis, entre los sectores a liberalizar, según Instituto Coordenadas

La organización aboga también por liberalizar los alojamientos turísticos y las telecos para impulsar el crecimiento económico

La actividad portuaria, el servicio postal, el servicio de taxi, los alojamientos turísticos y las telecomunicaciones son los cinco sectores que para el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada deberían ser liberalizados de modo que se conviertan en motores de crecimiento económico.

El organismo considera que con la liberalización de su funcionamiento permitiría que se conviertan en motores del crecimiento económico, bien a través de la activación que provocarían o por el impulso a la creación de empleo que supondría ese cambio radical de su modelo operativo.

De la misma forma, el Instituto Coordenadas cree que la liberalización de esos sectores debe hacerse bajo «criterios amplios que permitan las máximas cotas de libre funcionamiento de la actividad, pero con respeto riguroso a la seguridad jurídica, el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de todos los implicados y la supervisión cercana de los organismos reguladores de la competencia».

El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez, ha señalado que «todavía existen muchas cortapisas a la libre competencia en muchos sectores esenciales para el crecimiento económico y la creación de empleo», por lo que ve «necesaria una revisión general de actividades e impulsar un modelo de máxima competencia, máxima transparencia y máximo control de los que no cumplen».

Con respecto a la actividad portuaria, señala que los recientes acuerdos para reordenar el sistema de estiba en los puestos españoles no suponen una liberalización real de acuerdo con las directrices de la Unión Europea, sino que «se trata de una apariencia de acuerdo para mantener la actual situación y salvar la cara ante Bruselas».

En ese sentido, consideran que la estiba «sigue siendo coto particular de un grupo de trabajadores que imponen unas condiciones de actividad en los puertos contraria a toda lógica empresarial».

En lo que se refiere al servicio postal, cree que hay que separar «de forma radical» la actividad postal del resto de los negocios que actualmente desempeña la empresa estatal Correos porque cree que «hay una mezcla de recursos en Correos que hace que el dinero de los españoles que se destina a financiar la actividad postal se dedica a otros negocios, como la paquetería, en clara competencia desleal con otros operadores de este negocio».

Por ello, el Instituto propone crear una sociedad postal, financiada por el Estado, dedicada exclusivamente a garantizar el derecho de los ciudadanos a enviar y recibir correspondencia en cualquier punto del territorio. Esa sociedad debe obtener la concesión del servicio en libre competencia con otros operadores.

Instituto Coordenadas también aborda la situación del taxi, y ve «inasumible» que en las grandes poblaciones el servicio funcione «como un cuasi monopolio». Por ello, defiende que el servicio de taxi «debe asumir de forma ordenada y escalonada una lógica transición a la competencia, donde tendrá su espacio en la medida en que sea competitivo en el mercado».

Así, defiende que las autoridades locales «no pueden ser rehenes del actual servicio de taxi» y considera que modelos de negocio como Cabify o Uber han demostrado su eficacia en muchas grandes ciudades del mundo sin que los servicios de taxi tradicionales se hayan visto perjudicados.

En lo que se refiere a los alojamientos urbanos, indican que su liberalización es «esencial» para mantener cifras millonarias de visitantes en un país como España y hacerlo sostenible. En ese sentido, creen que el fenómeno Airbnb es «el paradigma» de por dónde deben ir las cosas en este sector, con «transparencia, ordenación y cumplimiento legislativo».

Por último, sobre el sector de las telecomunicaciones, mantiene que las empresas propietarias de las redes de telecomunicaciones, que han invertido capital y tecnología para desarrollarlas, tienen derecho a obtener beneficio en su explotación y añade que hay demasiadas limitaciones y obligaciones previas a la hora de que los dueños de esas redes las puedan comercializar en un régimen de amplia competencia.

«Se trata de permitir que el mercado funcione y que sean los reguladores de la competencia los que diriman las disputas a posteriori», concluye.