La oposición apoya reformar la ley para favorecer la mejora de salarios del sector de dependencia

Buruaga se reúne con representantes de los centros y trabajadores del sector para confirmar su apoyo: «Lo que vale al sector, le vale al PP»

La oposición (PP, Cs y Vox) ha mostrado su disposición a apoyar la reforma legislativa para blindar por ley que cualquier subida salarial a los trabajadores de los centros de dependencia y discapacidad lleve aparejada una actualización por parte del Gobierno regional de los precios de las plazas concertadas.

Así lo ha avanzado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, Rubén Otero, presidente de la Federación de Dependencia (FED) Cantabria, una de las patronales del sector, tras reunirse, con la presidenta del PP regional, María José Sáenz de Buruaga.

En este encuentro, celebrado esta mañana en la sede del PP, también han participado representantes de Lares, CERMI, Plena Inclusión y representantes de los sindicatos UGT y CC.OO.

El pasado 1 de febrero, el Gobierno, a través de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), las patronales y los sindicatos de la dependencia y discapacidad acordaron solicitar a los grupos parlamentarios la modificación de la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria para garantizar que cualquier subida salarial a los trabajadores vaya acompañada de un incremento del precio que paga la Administración regional por las plazas concertadas.

Según se explicó, esta modificación se pretendía hacer a través de una proposición de ley a la Mesa de los grupos de la Cámara regional.

Desde entonces, el sector ha contactado con los grupos de la oposición para recabar su apoyo para llevar a cabo esta reforma, el cual, según Otero, ha conseguido.

BURUAGA «LO QUE VALE AL SECTOR, LE VALE AL PP»

Tras haber conseguido, según Otero, el sí de Cs y Vox, en la reunión de hoy, ha logrado el apoyo de los populares, tal y como ha confirmado Buruaga, que respalda la subida de precios de las plazas concertadas en dependencia y la impulsará en el Parlamento con los grupos que sustentan al Gobierno y, según parece, con el resto de la oposición.

«Lo que vale al sector le vale al PP», ha dicho la líder del PP en una rueda de prensa tras la reunión, en la que ha aclarado que el PP apoyará esta reforma, «no porque lo haya pedido el Gobierno, sino porque el sector de la dependencia necesita avances y este es uno».

Además de una petición del sector, Buruaga ha señalado que se trata de una «vieja» y «recurrente» propuesta del PP para garantizar la sostenibilidad del sistema público de dependencia «tras años de precios muy ajustados» en el precio que se les paga por las plazas concertadas, lo que –dice– le ha hecho llegar «exhausto» a la pandemia.

Buruaga ha indicado que hasta ahora la respuesta del Gobierno regional (PRC-PSOE) había sido «sistemáticamente no». Por ello, los populares dan «la bienvenida al Gobierno a la rectificación».

Además, a juicio de la presidenta del PP, esta «rectificación» del Gobierno «no es fruto de la convicción del Gobierno la fuerza de los acontecimientos».

«Después de dos años mirando para otro lado, después de dos años de dejación de responsabilidades no le ha quedado otro remedio que dar el brazo a torcer para tratar de evitar y de atajar la falta de personal cualificado que padece el sistema, que se agrava cada día y que aboca a un sistema público de atención a la dependencia, que es responsabilidad de este Gobierno, al colapso», ha sentenciado Buruaga.

Sin embargo, Buruaga ha señalado que «bien está lo que bien acaba» y su partido «se alegra» de que el Gobierno «se haya caído del guindo y haya decidido, de una vez, atender esa reivindicación», aunque, a su juicio la forma de actuar del Ejecutivo es una muestra de su «improvisación» y de que éste «va siempre por detrás de las necesidades del sector».

EL PP PIDE AGILIDAD EN LA TRAMITACIÓN Y GARANTÍAS DE FINANCIACIÓN

Pese a confirmar su apoyo, Buruaga ha explicado que el PP pide «agilidad en la tramitación» de la proposición de ley porque «no hay tiempo que perder» y aboga por «acortar al máximo» los plazos para sacarla adelante.

Por ello, demanda que se tramite por lectura única, para que pase directamente al Pleno y pueda estar así en vigor «antes de que termine el mes de febrero». Y es que, a su juicio, no es necesario el plazo de dos meses del que hablaba el Gobierno para hacerlo.

La segunda cuestión que pedirá el PP al Ejecutivo son «garantías de financiación». «No es de recibo que el Gobierno no acompañe esta proposición de ley, que asumimos, sin la memoria económica que cuantifique cuál es el coste de la medida y cuál es su impacto en el Presupuesto».

A su juicio, este no es un «buen punto de partida» cuando lo que se busca es un consenso. «Queremos que el Gobierno entregue y aporte esa memoria económica y por supuesto le pedimos el respaldo financiero a través del Presupuesto», ha dicho Buruaga, que ha señalado que su partido no quiere contribuir ni a «brindis al sol» ni a «estrategias propogandísticas» del Ejecutivo.

Según Buruaga, es «un clásico ya que este Gobierno consigne para las estancias concertadas menos presupuesto que lo que sabe que va a gastar». Como argumento, ha indicado que en 2021 el gasto real alcanzó los 87,5 millones y este año el Ejecutivo presupuestó 85, 2,5 millones menos de lo ejecutado el ejercicio anterior.

«Creo que así difícilmente se va a poder financiar una actualización de precios públicos que, según el Gobierno, podría tener un coste adicional de 4 millones», ha opinado la líder del PP cuando –ha dicho– ya hay un «boquete» de 2 millones.

La líder del PP considera que esta subida del precio de las plazas concertadas puede servir de «acicate» para favorecer los acuerdos en la negociación colectiva.

En la misma línea, Otero cree que la medida garantiza que todos los centros puedan llevar a cabo la subida salarial a los trabajadores que «son los que más se la merecen» y que «no vaya a pasar que dentro de unos meses pues un posible descuelgue del convenio porque no puedes llegar a pagar».

«Los centros vamos justísimos y con una subida (salarial) del 6,5% pues entraríamos en una situación de condiciones precarias y esto nos va a garantizar que se puedan mantener los convenios. De hecho desde las federaciones se ha comunicado a todas las residencias que paguen desde el día 1 de enero la subida del convenio colectivo», ha señalado.