La Operación Balmis ha tenido un coste de 38,5 millones que Defensa espera recuperar de fondos europeos

El Ministerio de Defensa ha dedicado más de 38,5 millones de euros a la Operación Balmis de lucha contra el coronavirus, un montante que espera recuperar con fondos procedentes de la Unión Europea pero que, en caso contrario, deberá asumir con cargo al ya «ajustadísimo» presupuesto anual del Departamento, según ha explicado a Europa Press el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares.

La Operación Balmis fue puesta en marcha hace exactamente dos meses, el 15 de marzo, y desde entonces ha volcado los recursos personales y logísticos de las Fuerzas Armadas en numerosas actividades y servicios para combatir la propagación del Covid-19.

Todo esto ha tenido un coste total de 38.576.718 euros: algo más de 28 millones en «apoyos externos» y los 10,5 millones restantes en medidas de prevención y autoprotección para las unidades militares que han participado en la operación.

Esos apoyos externos son todas las actividades que han sacado a las Fuerzas Armadas a las calles durante las últimas semanas, como las desinfecciones en servicios esenciales, puertos, aeropuertos, residencias de mayores y hospitales; el traslado de enfermos entre hospitales o el de fallecidos; la instalación y mantenimiento de hospitales de campaña; o los vuelos del Ejército del Aire para traer material sanitario a España, entre otras muchas tareas.

Desde su lanzamiento, la Operación Balmis fue creciendo poco a poco y llegó a su pico de actividad durante los primeros días de abril, coincidiendo con las mayores cifras de contagiados y fallecidos en España. Luego ya inició un lento descenso y estas semanas ya mantiene menos de 1.000 efectivos en las calles para asumir las cada vez menos funciones que solicitan otras administraciones.

«SIN ESCATIMAR GASTOS»

El número dos del Ministerio de Defensa ha asegurado a Europa Press que el Departamento se «volcó» desde el primer momento en la lucha contra la pandemia sin «escatimar» en gastos. Y para ello puso todos sus recursos disponibles en servicio a la sociedad y también en medidas de protección para sus efectivos.

Sin embargo, confía en recuperar toda esta inversión con fondos procedentes de los mecanismos de la Unión Europea y sus recursos de solidaridad y emergencias para los países comunitarios, según ha reconocido.

La rapidez con la que se tomaron las decisiones hizo que los contratos no pudieran tramitarse con los plazos ordinarios que requiere la administración, por lo que Defensa tuvo que aprobar hasta 78 expedientes de emergencia por valor de más de 16 millones de euros. La mayor parte de ellos ya han recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y «una minoría» que quedan pendientes está previsto que pasen el examen del Gobierno las próximas semanas.

En caso de que finalmente Defensa no reciba de Bruselas esos 38 millones totales invertidos contra el Covid-19 tendrá que asumir este gasto extraordinario con cargo a sus créditos ordinarios. Ello en unos presupuestos ya «ajustadísimos» y con «muchísimas necesidades» dentro de las Fuerzas Armadas. «Tenemos claras las prioridades. Habría que sacarlos de otros recursos pero no estamos en situación de alarma», ha garantizado el secretario de Estado.

El Ministerio de Defensa tradicionalmente financia parte de sus gastos, normalmente las misiones en el exterior, con cargo a los fondos de contingencia, que los suma a la asignación que recibe de los Presupuestos Generales del Estado.

FONDO DE CONTINGENCIA

Olivares ha asegurado que el Ministerio ya recibió 762 millones con cargo a ese fondo de contingencia el pasado mes de marzo y espera obtener los 413 millones restantes en el mes de junio, según acordó el Consejo de Ministros.

Lo que sí genera incertidumbre en las Fuerzas Armadas es la imposibilidad de aprobar este año unas cuentas públicas como estaba previsto, lo que obligará al Ministerio de Defensa a revisar y reorganizar algunos de sus compromisos.

Sin embargo, sus grandes proyectos siguen adelante. Un ejemplo es el vehículo blindado 8×8, cuyo contrato de más de 2.000 millones de euros espera que reciba el visto bueno del Consejo de Ministros en el mes de junio después de años de retrasos y estancamiento.