La ONU teme una «escalada de la violencia» en Hong Kong

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha expresado su «profunda preocupación» ante la posibilidad de que haya una «escalada de la violencia» en Hong Kong y ha llamado a la contención de todas las partes, tanto manifestantes como autoridades.

Las protestas estallaron a principios de junio, en un primer momento en contra de un proyecto de ley para facilitar la extradición de sospechosos a otras partes de China. Archivada la reforma, las manifestaciones continúan y con una «creciente violencia», en palabras del portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville.

Los manifestantes tomaron la semana pasada instalaciones universitarias, en algunas de los cuales la Policía llegó a irrumpir con pelotas de goma y gases lacrimógenos. Colville ha asegurado que siguen con «profunda preocupación» la evolución de los acontecimientos.

Así, y aunque el portavoz ha asegurado que «la gran mayoría» de los manifestantes se han movilizado de forma pacífica y de acuerdo a la ley, también ha reconocido excepciones. «El recurso de la violencia extrema, también contra la Policía, por algunos manifestantes es muy lamentable y no tiene justificación», ha advertido.

En este sentido, ha instado por una parte a los manifestantes a «condenar» cualquier uso de la violencia y, por otra, a que las autoridades hagan «todo lo posible» para calmar la situación y avanzar hacia una «resolución pacífica» de la actual crisis, la más grave que vive Hong Kong desde que Reino Unido cedió su soberanía a China en 1997.

El Alto Comisionado, que se ha ofrecido a apoyar los trabajos del Gobierno de Carrie Lam, ha subrayado que la rendición de cuentas es «clave», tanto en el caso de los manifestantes que hayan incurrido en actividades ilegales como en los posibles abusos cometidos por la Policía, acusada de ejercer una «fuerza excesiva» en algunas situaciones.

«Instamos al Gobierno a aumentar sus esfuerzos para agrupar a todos los sectores de la sociedad, incluidos grupos estudiantiles, comunidad empresarial, líderes políticos, responsables comunitarios, entre otros, en un diálogo inclusivo» con el que poder atender los «agravios» denunciados por parte de la ciudadanía, ha añadido Colville.