La ONU pide «un proceso de diálogo» a Gobierno y oposición para resolver la crisis electoral en Somalia

Naciones Unidas ha insistido este miércoles en la necesidad de que el Gobierno y la oposición solucionen sus disputas de cara a la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales «a través de un proceso de diálogo» para evitar un ahondamiento de la crisis política en el país africano.

El representante de la Secretaría General de la ONU en Somalia, James Swan, ha subrayado «la importancia de lograr una postura común sobre los próximos pasos antes del 8 de febrero para evitar cualquier incertidumbre», en el marco de una rueda de prensa para abordar la situación en el país.

Así, ha hecho un llamamiento a evitar todo tipo de violencia y a que los actores políticos somalíes «muestren buena voluntad» y «redoblen sus esfuerzos para resolver los asuntos pendientes sobre la aplicación del proceso electoral».

Swan ha ensalzado además el valor de la población somalí y ha recordado que han superado «las condiciones más duras que cualquier país del planeta durante las últimas tres décadas». «Si bien quedan enormes desafíos por delante (…) es importante reconocer los progresos que se han hecho», ha dicho.

«Si miramos al abanico de medidas de gobernanza, el funcionamiento de las instituciones nacionales y de los estados federales, la inversión del sector privado, la gestión de los fondos públicos o la entrega de servicios, entre otros asuntos, Somalia empieza 2021 en un lugar mejor que en 2011, que en 2001 y que a finales de enero de 1991», ha sostenido, en referencia a la caída de Siad Barré en plena guerra civil.

Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU en Somalia, Adam Abdelmoula, ha resaltado que el país hace frente a un «triple shock» provocado por el cambio climático, las langostas del desierto y la pandemia de coronavirus, que ha tenido un impacto sobre la economía del país.

Pese a ello, Abdelmoula ha destacado que «Somalia sigue haciendo progresos rápidos bajo la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC)» y ha añadido que la deuda se verá reducida de 5.300 millones de dólares (cerca de 4.383 millones de euros) en 2018 a 557 millones de dólares (unos 461 millones de euros) en 2023″ si logra poner en marcha los planes previstos.

LA CRISIS ELECTORAL

Las declaraciones de Swan han llegado días después de que la comunidad internacional expresara su «profunda preocupación» por la crisis y reclamara que el acuerdo alcanzado en septiembre para la organización de los comicios no sea revisado, tal y como han reclamado durante los últimos días los candidatos opositores a la Presidencia.

Así, Naciones Unidas, la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) y otros organismos y países occidentales recalcaron que «el acuerdo del 17 de septiembre (para la organización de las elecciones) fue respaldado por el Gobierno federal, todos los estados del país y ambas cámaras del Parlamento, al tiempo que fue aplaudido por muchos aspirantes a la Presidencia».

El organismo establecido por el Gobierno para organizar las elecciones, el Equipo de Aplicación de las Elecciones Federales (FEIT), publicó el 29 de diciembre un nuevo calendario, después de que se hayan superado en dos ocasiones las fechas previstas para su celebración y el fin del mandato del Parlamento debido a las disputas entre el Gobierno y la oposición.

Los candidatos opositores han rechazado de forma consistente los trabajos del FEIT debido a sus quejas en torno a su composición, al entender que está formado por designados políticos, agentes de Inteligencia y «amigos» del presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed, motivo que les llevó a anunciar su intención de crear una «comisión nacional electoral de salvación» paralela.

Concretamente, acusaron al mandatario, conocido como Farmajo , de nombrar a agentes de los servicios de Inteligencia y funcionarios leales a su figura en los estados de Galmadug, Hirshabelle y Suroeste. A las críticas se han sumado organizaciones de la sociedad civil, que han pedido que los comités sean modificados para garantizar la transparencia de las elecciones.