La ONU llama a la investigación inmediata de las últimas matanzas intercomunitarias en Sudán del Sur
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha exigido una investigación inmediata de la nueva ola de violencia entre las comunidades del estado sursudanés de Jonglei, donde decenas de civiles han muerto, según la ONU, cientos según las autoridades, y miles han sido desplazados durante dos días de masacres a principios de esta semana.
«Las informaciones que nos llegan desde Jonglei son aterradoras. Indican que decenas de civiles han muerto en ataques contra 28 poblaciones entre el 16 y el 17 de mayo, que muchos más han resultado heridos y miles han sido desplazados por la fuerza», ha denunciado Bachelet.
Las autoridades de Sudán del Sur elevaron este martes a más de 240 los muertos por los enfrentamientos intercomunitarios registrados en Jonglei, entre los que figura un trabajador de Médicos Sin Fronteras (MSF), tal y como ha confirmado la organización. Sin embargo, el comisionado del condado de Uror aleró posteriormente de que podría haber más de mil muertos.
Según las informaciones disponibles, miembros de la comunidad murle atacaron varias localidades habitadas por integrantes de la tribu lou nuer en el condado de Uror, en una posible venganza por un ataque por parte de esta comunidad en febrero en el que robaron ganado y secuestraron a varios niños.
«Este recurrente patrón de violencia, que se ha apropiado de incontables vidas en Sudán del Sur, tiene que parar. Pido al Gobierno que garantice las medidas necesarias para investigar la violencia y que sus responsables sean juzgados, y que las víctimas y sus familias reciben justicia, verdad e indemnizaciones», ha lamentado Bachelet en rueda de prensa desde Ginebra.
El descenso experimentado por la violencia política en el país durante los últimos meses se ha visto reemplazado por una explosión de violencia intercomunitaria que, durante el primer trimestre de 2020, ha dejado 658 muertos, 452 heridos, 592 secuestrados y 65 mujeres violadas.
Este repunte está relacionado en parte con la inseguridad alimentaria tanto en el estado de Jonglei como en la región del Gran Pibor, donde ataques en los últimos meses han dejado más de 220 muertos y 266 secuestrados, entre ellos mujeres y niños.
Estos conflictos, asociados tradicionalmente al pastoreo, han degenerado en los últimos años a combates militares en firme por culpa de la adquisición de armamento de contrabando.
