La ONU denuncia graves carencias en el acceso al derecho a la salud y la atención sanitaria de personas con discapacidad

La ONU denuncia, mediante un informe realizado por la relatora especial de los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas, las graves carencias en el acceso al derecho a la salud y la atención sanitaria de las personas con discapacidad, lo que vulnera la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés).

Esta es la principal conclusión del informe que se ha realizado a partir de un cuestionario remitido a los estados miembros de la CRPD, a sus instituciones de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de representantes de personas con discapacidad y sus familias.

En el caso de España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha participado activamente proporcionando información sobre la situación de estas personas en el territorio nacional.

Con carácter general, Devandas ha subrayado la importancia de abandonar el enfoque médico-rehabilitador en favor de otro social «en el que las personas con discapacidad son reconocidas como sujetos de derecho y no reducidas exclusivamente a portadoras de deficiencias que han de ser subsanadas».

El informe alerta del mantenimiento mundial de las prácticas de esterilización forzosa en mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual, así como el sometimiento a abortos coercitivos. En este sentido, recalca la necesidad de dejar atrás la supresión de la capacidad jurídica, la cual posibilita que un tercero tome decisiones en nombre de la persona con discapacidad, implantando un sistema de apoyos en la toma de decisiones.

El documento se detiene, también, en la importancia de garantizar la libertad y el consentimiento informado para llevar a cabo tratamientos médicos, criticando así que existan textos legales como la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa que justifican el uso de la coerción en materia sanitaria.

Estas provisiones normativas permiten en la práctica la hospitalización y el uso de tratamientos involuntarios, el confinamiento solitario y restricciones en el contexto de la salud mental, entre otras prácticas.

Por último, advierte de que más de la mitad de las personas con discapacidad no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades sanitarias, pese a que la CRPD obliga a los estados a eliminar las barreras sociales estructurales y las prácticas limitadoras del pleno disfrute en igualdad de condiciones del derecho a una salud de calidad.

LOS TRES RETOS DE LA ONU

Para revertir esta situación, la relatora de la ONU establece como principales líneas de actuación la lucha contra las inequidades en el acceso a los servicios de salud, las barreras de accesibilidad y las violaciones de derechos humanos producidas en el contexto de la prestación sanitaria.

En materia de inequidad, el documento apunta como causas principales la falta de formación en el autoconocimiento y autocuidado, las carencias en Atención Primaria por considerar que las personas con discapacidad deben ser atendidas siempre por especialistas y las deficiencias en los sistemas de prevención.

Todo ello hace que en el mundo las personas con discapacidad intelectual mueran entre 15 y 20 años antes que la población general, y hasta 20 o 25 años en el caso de las personas con discapacidad psicosocial.

En cuanto a la accesibilidad, el informe llama la atención sobre el estigma y estereotipos asociados a personas con discapacidad, por lo que se considera necesario revisar la clasificación internacional de las enfermedades mentales.

Por último, respecto a las violaciones de derechos humanos, se alerta sobre el crecimiento del número de tratamientos e intervenciones cuya efectividad es incierta o controvertida, entre los que se cita la terapia electro-convulsiva; la psicocirugía; los sistemas de modificación conductual severa en menores con trastornos del espectro del autismo (TEA); la educación conductiva en niños con parálisis cerebral; cirugías de alargamiento en menores de talla baja, y la sobremedicación en TEA y discapacidad psicosocial.