La ONU alerta de que 5 millones de niños necesitarán ayuda humanitaria por el aumento de la violencia en el Sahel
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este martes de que cerca de cinco millones de niños van a necesitar ayuda humanitaria, valorada en 208 millones de dólares, tras el aumento de la violencia contra ellos en la zona central del Sahel, en donde más de 709.000 menores de cinco años padecerán desnutrición grave.
No sólo los más pequeños tienen que hacer frente a los ataques o los secuestros. UNICEF ha explicado que las causas por las que han aumentado las agresiones contra los menores en lugares como Burkina Faso, Malí o Níger, se deben también al reclutamiento de niños para que formen parte de grupos armados.
La directora regional de UNICEF para África occidental y central, Marie-Pierre Poirier, ha denunciado que «cientos de ellos han tenido experiencias traumáticas» y siguen siendo víctimas de asesinato, mutilaciones o violencia sexual.
UNICEF ha detallado algunas cifras que evidencian los graves abusos que están sufriendo los niños en países como Malí, en donde se han registrado hasta 571 casos de violencia ejercida contra ellos en 2019, frente a los 386 que se contaron en 2017. A ello hay que sumar, han explicado, los más de 670.000 pequeños que tuvieron que abandonar sus hogares debido al conflicto armado y la inseguridad desde inicios del año pasado.
EDUCACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN RIESGO
UNICEF ha alertado también sobre el cierre de 3.300 escuelas en estos tres países del Sahel debido a la devastación de algunas de las regiones en las que se encontraban, así como por la inseguridad que existe tanto para niños, unos 650.000 afectados, y profesores, unos 16.000, de acuerdo con las cifras que maneja la ONU.
En este sentido, también se ha avisado de cómo ese panorama de inseguridad y violencia dificulta a muchas familias el poder acceder a los servicios básicos y a los suministros de alimentos. Es el caso, entre otros, de Burkina Faso, donde algunas zonas experimentaron una disminución del agua potable del 40 por ciento, en especial en aquellas regiones en las que los desplazados por la violencia representan una quinta parte de la población.
