La ONU acusa a las partes en Sudán del Sur de causar hambre de forma «deliberada» a la población

Más de la mitad de la población vive bajo la amenaza del hambre en un país pendiente de su futuro político

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Sudán del Sur ha determinado que las partes enfrentadas en el país africano han dejado sin comida de forma «deliberada» a la población por razones de índole étnica o política, lo que podría constituir un crimen de guerra o contra la Humanidad. En la actualidad, más de la mitad de la población vive bajo la amenaza del hambre.

La comisión, cuyo mandato depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha publicado este jueves un informe con el que quiere llamar la atención de los abusos cometidos, a dos días de que expire el plazo para la conformación de un gobierno de unidad que ponga fin a más de seis años de guerra.

Uno de los miembros de este grupo, Andrew Clapham, ha subrayado que en Sudán del Sur se está limitando la alimentación de forma «deliberada» por razones vinculadas al conflicto, «en un intento por marginar a comunidades disidentes así como a aquellos demasiado apartados para poner en cuestión el statu quo porque su día a día gira en torno a la supervivencia más básica».

Como ha resaltado otro de sus compañeros, Barney Afako, «Sudán del Sur está en un momento crítico, en el que los líderes necesitan tomar decisiones firmes y avanzar en el estancado proceso político» y «resolver los problemas pendientes», desde la división administrativa a cuestiones de seguridad, según un comunicado de la oficina de Naciones Unidas en Ginebra.

Los expertos han detectado también graves problemas de corrupción que han implicado la mala utilización de fondos públicos que deberían haberse destinado a la promoción de los derechos más básicos de la población. La presidenta de la comisión, Yasmin Sooka, ha acusado a funcionarios del Gobierno de desvío de fondos, blanqueo de capitales, soborno y evasión fiscal.

Esta corrupción ha acarreado un impacto «catastrófico» a nivel humanitario para una población que ha sufrido también en estos últimos meses la concatenación de una serie de circunstancias naturales y medioambientales que han llevado al límite a más de la mitad de la población sursudanesa, según los expertos.

LA ONU DA LA VOZ DE ALARMA

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultora (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) se han unido también este jueves para dar la voz de alarma ante el previsible deterioro de la situación a partir de mayo, con un contexto «especialmente preocupante» en las zonas afectadas por las inundaciones en 2019.

Unas 20.000 personas se asoman ya al abismo de la inseguridad alimentaria, al nivel de «catástrofe», en los condados de Akobo, Duk y Ayud, hasta el punto de que necesitan ayuda humanitaria urgente y de forma sostenida. El hambre avanzará previsiblemente hasta julio en los estados de Jonglei, Alto Nilo, Warab y Bar el Ghazal del Norte, con 1,7 millones de personas en el nivel de «emergencia».

El representante de la FAO en Sudán del Sur, Meshack Malo, ha advertido de que «el número de personas hambrientas sigue peligrosamente alto, y creciendo». La ONU ya estimaba en enero que 5,3 millones de sursudaneses tenían problemas para cubrir sus necesidades alimentarias y febrero está considerado un mes clave por el agotamiento de las reservas de comida y el aumento de los precios.

La situación puede ser «aún peor» si, como ha apuntado Malo, aumenta la presencia de langostas del desierto, una especie que ya ha causado estragos en los países vecinos por su capacidad destructora. «Es importante que mantengamos y aumentemos el apoyo a la población para que puedan reanudar o mejorar sus trabajos y producción de alimentos», así como aumentar la capacidad del Gobierno para responder al brote de langostas», ha añadido.

LOS NIÑOS SON VULNERABLES

Los niños son un colectivo especialmente vulnerable en este tipo de emergencias. Según la ONU, 1,3 millones de menores sufrirán desnutrición alimentaria aguda en 2020 y la prevalencia de esta lacra ha pasado del 11,7 al 12,6 por ciento en comparación con los datos de 2019 –en Jonglei llega incluso al 23,8 por ciento–.

El representante de UNICEF en Sudán del Sur, Mohamed Ag Ayoya, ha destacado que gracias a la ayuda humanitaria el 92 por ciento de los niños con desnutrición aguda han podido recibir asistencia y «nueve de cada diez se han recuperado». Sin embargo, ha recalcado que «estos niños no deberían estar desnutridos en primer lugar».

«El acceso a suficientes alimentos, a una comida adecuada, a agua, a saneamiento, a higiene y a servicios sociales son Derechos Humanos y claves para prevenir la desnutrición», ha subrayado el jefe local de UNICEF en un comunicado.

EN BUSCA DE ESTABILIDAD POLÍTICA

El director del PMA en el país africano, Matthew Hollingworth, ha señalado que Sudán del Sur «está en un momento clave», habida cuenta de que este sábado vence el plazo para la conformación de un gobierno de unidad que permita aparcar las diferencias entre el presidente, Salva Kiir, y los rebeldes, liderados por su antiguo número dos Riek Machar.

De este acuerdo depende «que las pistolas se callen para siempre», por lo que Hollingworth ha llamado a aprovechar esta ocasión para seguir trabajando en aras de la atención a la ciudadanía sursudanesa, de tal forma que «puedan soportar los problemas climatológicos y alimentarios» que previsiblemente llegarán en un futuro.

El informe subraya que la estabilidad reciente ya ha permitido una leve mejora de la situación alimentaria en Sudán del Sur, ya que en la estación seca de 2019 había 6,9 millones de personas catalogadas dentro del nivel de «crisis» o peores.

Tras el acuerdo de reconciliación suscrito en 2018, la producción de cereales aumentó un 10 por ciento y se percibió una mayor actividad agraria que, acompañada de una temporada de lluvias favorables, derivó en una mayor acumulación de alimentos a nivel general.

SIGUEN LAS TENSIONES

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha advertido de que, de forma paralela al «frágil» proceso nacional, se ha detectado un aumento de la violencia étnica a nivel local, con ataques «brutales» por el control de los recursos naturales y unos niveles «alarmantes» de desplazamiento en varios estados del país.

La Comisión también dispone de información «creíble» que confirmaría que miembros de las fuerzas del Gobierno de Kiir han dado armas tanto ligeras como pesadas a milicias locales para que pudiesen perpetrar ataques contra comunidades vecinas, «a menudo durante la migración del ganado».

Además, tanto las fuerzas leales al Ejecutivo contra grupos rebeldes siguen reclutando hombres y niños, hasta el punto de que se habría recurrido a niños de doce años de edad, algo que contraviene no solo la legislación interna, sino también el Derecho Internacional.

La violencia sexual también sigue siendo «extendida y generalizada», con «un patrón de terror y subyugacion» que confirma que se trata de una «táctica de guerra» más. «La estigmatización de los supervivientes, a lo que se suma la ausencia de rendición de cuentas por violaciones y abusos por razones de género, se mantiene como un grave desafío», según los expertos internacionales.

La Comisión considera que la rendición de cuentas es uno de los temas pendientes y ha abogado por conformar para este nuevo periodo político una justicia transicional y un tribunal híbrido en connivencia con la Unión Africana. El grupo ha recabado pruebas sobre las posibles violaciones de Derechos Humanos con vistas a procesamientos futuros.

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