La ONU acusa a la Justicia de Venezuela de «perpetuar las violaciones de los DDHH» de opositores al Gobierno

El equipo de Guaidó considera el informe un «nuevo golpe» a la «dictadura» de Maduro

Naciones Unidas ha acusado este jueves al sistema de justicia de Venezuela de «perpetuar» las «graves» violaciones de los Derechos Humanos cometidas contra opositores al Gobierno, al tiempo que ha señalado que es «carente de independencia».

Así se desprende del segundo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que detalla cómo las «deficiencias» del sistema de justicia «han ido de la mano» de «un patrón de graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes del Derecho Internacional», todo ello en un contexto avalado por el Estado para «silenciar, desalentar y sofocar» a la oposición desde 2014.

«Según nuestra última investigación, existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores», ha explicado la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

El informe, que se ha realizado sobre la base de 177 entrevistas y una encuesta a exjueces, fiscales o abogados, abre la posibilidad de que funcionarios públicos, «incluso algunos de alto nivel», hayan podido cometer este tipo de violaciones. Además, según la misión, el Estado venezolano no estaría investigando los casos de violaciones de Derechos Humanos en los casos que involucran a opositores, sean estos «reales o percibidos por el Gobierno como tales».

Entre los casos revisados se encuentran los que la Misión documentó en 2020 y que involucran a fuerzas de Inteligencia del Estado que sometieron a detenidos de ambos sexos a «desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales». «No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que se haya investigado desde entonces», incide Naciones Unidas.

Algunos ejemplos proporcionados son el del líder de la oposición Fernando Albán, que murió tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2015, o el del oficial militar Rafael Acosta, que se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de haber sido torturado en 2018.

«La Misión estima que las acusaciones presentadas recientemente en estos casos tienen un alcance muy limitado y/o se centran en aislar a los autores de bajo nivel, en lugar de asegurar la rendición de cuentas entre personas de mayor rango en la cadena de mando», insiste el trabajo.

En este sentido, el miembro de la Misión Francisco Cox ha pedido no «menospreciar» la contribución del sistema de justicia venezolano a la crisis de Derechos Humanos en el país caribeño. «Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de Derechos Humanos, o al menos haber erigido barreras jurídicas a la capacidad de los servicios de seguridad pública e inteligencia para cometerlos», ha agregado.

IRREGULARIDADES PROCESALES E INDEPENDENCIA

Según el trabajo, los jueces ordenaron prisión preventiva como «medida rutinaria» y no «excepcional» y, en ocasiones, magistrados y fiscales mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que «no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona».

Además, en algunos casos, jueces dieron «apariencia de legalidad» a detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto «con carácter retroactivo que abarcaban períodos durante los cuales los detenidos y las detenidas padecían torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa y quedaban fuera de la protección de la ley», continúa el trabajo.

Así, fiscales presentaron evidencia contaminada por la tortura que a su vez fue admitida por jueces como prueba contra las personas acusadas. En algunas ocasiones los magistrados tampoco protegieron a las víctimas de la tortura y les ordenaron regresar a los lugares de detención donde supuestamente había tenido lugar la tortura, según la ONU. Todo ello a pesar de haber oído a las víctimas –que a veces presentaban lesiones visibles compatibles con la tortura– hacer la denuncia ante el tribunal.

Por otra parte, las «largas» demoras procesales negaron a las personas acusadas la oportunidad de impugnar las pruebas en su contra de un plazo razonable y la Misión ha documentado hasta 16 casos de detención en los que las audiencias preliminares se aplazaron durante más de dos años, tiempo en el que se prolongó la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas.

Asimismo, los abogados defensores se enfrentaron «habitualmente» a «obstáculos» y «acoso», mientras que los acusados son «presionados» para aceptar una defensa pública en lugar de una de su elección, agrega el trabajo. Valiñas ha denunciado que las «irregularidades» analizadas han tenido un «impacto devastador» en las vidas –también en la salud física y mental– de víctimas y familias.

Por otro lado, la Misión ha hallado «motivos razonables» para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia.

Fuentes del poder judicial han informado de que los jueces y juezas de todos los niveles reciben «habitualmente» órdenes sobre «cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia», destaca la ONU.

De forma paralela, los jueces que no han cedido a las presiones políticas han sido «perseguidos, denigrados e intimidados». La Misión destaca el ejemplo de la jueza María Lourdes Afiuni en 2009, un caso que ha dado lugar a «un clima de miedo».

«Casi la mitad de los ex jueces, juezas y fiscales entrevistados, junto con muchos de sus familiares, han tenido que abandonar Venezuela temiendo por su seguridad; muchos otros se negaron a hablar con la Misión por temor a represalias», remarca el trabajo, que también señala que los fiscales se han vuelto «vulnerables» tras la eliminación del proceso de selección por concurso público.

Por ello, Cox ha lamentado que, «en lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, el sistema de justicia ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad». Así, ha pedido una «reforma urgente» para la Justicia venezolana, librarla de «influencias políticas indebidas» y garantizar que proteja «los derechos de todos los venezolanos».

Tras la publicación del informe, el Centro de Comunicación Nacional, que actúa como oficina de prensa del autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, ha señalado que el trabajo es un «nuevo golpe» a la «dictadura» de Nicolás Maduro.