La Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación comenzará a funcionar próximamente tras la contratación de un asesor

Media rechaza la declaración de zonas tensionadas, una medida «muy dañina»

La Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación comenzará a funcionar próximamente, tras la contratación esta misma semana de un asesor jurídico que gestionará este servicio. También se habilitará un canal de comunicación mediante un teléfono y un mail para el asesoramiento a particulares y vecinos afectados por esta problemática.

Así lo ha anunciado el consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, que ha rechazado la declaración de zonas tensionadas que plantea el Ejecutivo central, que no las aplicarán «ni ahora ni nunca», y lo ha calificado como «una medida muy dañina que solo va a perjudicar a los ciudadanos».

Lo ha manifestado este sábado en su intervención durante la celebración de la décima edición de los Premios Trainera, organizados por Afilia Inmobiliarias y celebrados en el Casino de El Sardinero, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El consejero ha puesto en valor las medidas del Gobierno regional para potenciar la oferta de vivienda y atender la actual demanda y ha señalado que esas políticas se reforzarán con la futura Ley de Vivienda de Cantabria que espera «pueda aprobarse lo antes posible» en el Parlamento, y en cuyo proyecto han colaborado los agentes inmobiliarios con sus aportaciones.

Asimismo, ha valorado la reactivación de la construcción de viviendas de promoción pública de alquiler asequible, las ventajas fiscales, el incremento de las ayudas al alquiler, una mayor agilidad en la tramitación administrativa y una mejor regulación a través del proyecto de la Ley.

LA FUTURA LEY

Entre los principales contenidos de la nueva norma, ha destacado la apuesta por fórmulas de colaboración público-privada para crear más vivienda en el mercado. Este modelo ya se está aplicando para la construcción de 212 viviendas de alquiler asequible en seis municipios, cuyos proyectos han sido entregados a los ayuntamientos para obtener licencia y comenzar las obras de forma inmediata.

El texto también recupera la figura de la vivienda a precio tasado, destinada a personas que, por su nivel de renta, no pueden acceder a vivienda protegida, pero tampoco al mercado libre.

Otras medidas innovadoras se refieren al programa de movilización de viviendas vacías mediante incentivos, cesiones y garantías públicas, con rentas fijadas según los precios reales del mercado y no por índices estatales «desfasados», y el Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo (RAUVS), que integrará información sobre demanda, oferta y suelo destinado a vivienda protegida.

Además, se incluirá una declaración de emergencia habitacional para personas afectadas por incendios, catástrofes naturales u otras causas que impidan habitar su vivienda, garantizando su acceso inmediato a ayudas, y el acceso a vivienda protegida en alquiler para profesionales de servicios básicos, especialmente en zonas rurales, entre otras medidas.

Media ha destacado especialmente la figura del Registro de Agentes Inmobiliarios de Cantabria, un compromiso que, según ha explicado, adquirió con el sector hace un año y que se impulsará con esta nueva norma.

Su inscripción será de carácter voluntario y su finalidad será doble. Por un lado, proporcionar transparencia y publicidad en el ejercicio de la actividad profesional, conforme a los requisitos de cualificación establecidos en la normativa aplicable; y por otro, garantizar la calidad en la prestación de servicios a los consumidores y usuarios.

«Este registro permitirá a todo el colectivo acreditar a los clientes la seguridad de que, detrás de esa habilitación, hay una empresa seria y solvente», ha afirmado.

El consejero se ha referido a la nueva Ley de Vivienda como una herramienta «ambiciosa» y «necesaria», diseñada para construir «una Cantabria más dinámica en el ámbito urbanístico y de la vivienda».

«Queremos una ley que proteja e incentive al propietario, para dinamizar el alquiler y ampliar el parque de vivienda protegida», ha afirmado, al tiempo que ha pedido a los grupos políticos «sentido común» y ha apelado al acuerdo parlamentario para dar un paso más en este ámbito y aprobar cuanto antes la norma.

El consejero ha resaltado todas las herramientas posibles que se han incluido para «poner por delante a los propietarios y no a los okupas», algo que, según ha asegurado, «no ocurre con la ley nacional».

En este sentido se ha referido a medidas en materia de prevención, protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrancia, asistencia jurídica a propietarios afectados, y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.

Sobre el Presupuesto de Cantabria para 2026, el consejero ha lamentado que los grupos de la oposición se hayan aliado «para tumbar las cuentas», una situación que considera «incomprensible y de absoluta irresponsabilidad» y ha asegurado que con esta decisión «se ponen en riesgo» las medidas que se articulan en el documento económico del próximo año.