La Mesa del Parlamento catalán expresa su compromiso con los «derechos sociales y políticos» de Wagensberg huido a Suiza
BARCELONA, 6
La Mesa del Parlament ha manifestado este martes su compromiso con «los derechos civiles y políticos» del diputado de ERC y miembro de este órgano, Ruben Wagensberg, después de que se haya instalado en Ginebra (Suiza) porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le vinculase a Tsunami Democrátic .
Lo ha hecho a través de un escrito consultado por Europa Press en el que expresa su «solidaridad y apoyo» a Wagensberg, después que este lunes García Castellón ordenara a la Guardia Civil localizarle, han informado fuentes parlamentarias este martes.
En el documento, consultado por Europa Press, la Mesa ha aludido a las «graves e infundadas acusaciones de las que está siendo objetivo por motivo de su militancia independentista y defensa del derecho a la autodeterminación».
También ha expresado el «máximo respeto» a la baja por problemas de salud mental del diputado.
Asimismo, la Mesa ha rechazado los escritos presentados este mismo martes por los grupos parlamentarios de Cs y Vox, en los que pedían desestimar la delegación de voto del propio Wagensberg y la diputada de Junts y secretaria segunda de la Mesa, Aurora Madaula, que está de baja médica tras haber denunciado el grupo de Junts por presunto acoso.
SUBVENCIÓN DE JUNTS
La Mesa también ha tramitado una reducción de 21.352 euros anuales de la subvención del grupo de Junts tras expulsar a la diputada Cristina Casol, que ha pasado a ser diputada no adscrita.
Con la expulsión de esta diputada, Junts también perderá derecho a un asistente parlamentario, y la propia Casol podrá elegir contratar a uno o que el Parlament contrate a una persona para ayudarle en sus labores parlamentarias.
Además, la Junta de Portavoces ha acordado que Casol se sentará en el hemiciclo junto al otro diputado no adscrito, Antonio Gallego.
REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE ACOSO
La Mesa ha decidido mantener el protocolo de acoso actual durante el proceso de revisión del mismo, siguiendo las indicaciones de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara catalana que recomendaba mantenerlo para «garantizar la máxima seguridad jurídica», han asegurado las mismas fuentes.
La revisión de este protocolo se ha planteado tras el caso de las diputadas Cristina Casol y Aurora Madaula, y lo deberá abordar la Oficina de Igualdad del Parlament, que lo trasladará al Grupo de trabajo de Equidad de género, que después, remitirá esta revisión del protocolo a la Mesa del Parlament.
El actual protocolo contiene un régimen sancionador pero «hay dudas jurídicas sobre su aplicabilidad» ya que no tiene rango de ley, algo que podría cambiar con la revisión del mismo.
