La mayoría de los ayuntamientos gasta un 30% en funciones de gobierno o apoyo administrativo, según un estudio

El 84 por ciento de los ayuntamientos españoles gasta un 30 por ciento en funciones de gobierno o de apoyo administrativo según recoge el estudio Los municipios en tiempo de Covid: el territorio de la cooperación que ha presentado este jueves el Consejo General de Economistas (CGE).

El CGE explica que esta situación se ve reflejada en los municipios con menos de 5.000 habitantes que ascienden a un total de 6.808 (84%), de un total de 8.131. En estos, las actuaciones de carácter general constituyen la primera partida de gastos, ligeramente por encima de los destinados a servicios públicos básicos (seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente).

A la vista de estos datos, los economistas abogan por la cooperación intermunicipal para la gestión y prestación de servicios, «más aún si se tienen en cuenta las medidas que los ayuntamientos han ido tomando para adaptarse a la situación provocada por la Covid y dar un mejor servicio a los ciudadanos». A ello, consideran que hay que sumarle también otros retos a los que habrán de enfrentarse los ayuntamientos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta es una de las conclusiones del presentado el presidente del CGE Valentín Pich, junto con el presidente del Comité del Sector Público de dicho Consejo General, Emilio Álvarez, y los autores del estudio, los economistas Luis Caramés y Amelia Díaz.

En cuanto a la racionalización del gasto de los municipios, Pich ha señalado que, a través de las Fichas Socieconómicas, han detectado que «de los 6.808 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, algo más de la mitad (3.585) disponen de piscinas cubiertas o al aire libre de uso colectivo», algo que -según Pich- «si en un determinado momento pudo tener algún sentido, hoy no lo tiene, no solo por lo gravoso que resulta el mantenimiento de estas instalaciones sino, sobre todo, por una cuestión medioambiental».

En este sentido se ha expresado también uno de los dos autores del estudio Luis Caramés, quien ha señalado que «muchos de los éxitos en la fusión de municipios vienen de la mano de colaboraciones intermunicipales preexistentes». Con respecto a las fusiones de municipios, Caramés ha llamado la atención sobre el hecho de que «la renta de situación de los actores políticos locales, junto a elementos sociológicos diversos, entorpecen los procesos de redimensionamiento, sobre todo los de naturaleza radical (fusiones)».

MUNICIPIOS TURÍSTICOS

El estudio también hace mención a los municipios turístico y critica que la ley de financiación de las haciendas locales deje fuera de esta definición a una gran parte de los municipios españoles referentes en el ámbito del turismo y que «solamente 15 municipios de 8 provincias hayan recibido la calificación de turísticos de acuerdo con esta definición».

A este respecto, la otra autora de este informe, Amelia Díaz ha señalado que, a la vista del estudio, «queda bastante claro que los municipios turísticos reciben financiación por la población real censada y no por la flotante, al igual que cualquier otro ayuntamiento, pero su gasto es superior, dado que soportan más costes en materia de suministros, sanidad, seguridad o infraestructuras, ya que, en determinados momentos del año, sobre todo en verano, la cifra de visitantes supera hasta en dos y tres veces a la población de derecho».

Es por ello que, según Díaz, «resulta razonable la financiación adicional que vienen reclamando los municipios turísticos para hacer frente a esos gastos derivados de su singularidad».

REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Según el estudio, España ocupa el cuarto lugar del mundo con mayor número de remunicipalizaciones en el período 2000-2019, con 119. Entre 2010 y 2019 se produjeron en España 89 remunicipalizaciones de servicios públicos en 66 municipios (la mayoría a partir de 2015), 28 de ellas correspondientes a la gestión del servicio público del agua.

Según este estudio, no existe una respuesta única a la pregunta de cuál de las dos modalidades de gestión (pública o privada) es más eficiente y pueden encontrarse diversos ejemplos en los dos sentidos. Es por ello que, Pich ha pedido que, «a la hora de optar por uno u otro tipo de gestión, se haga exclusivamente por criterios de eficiencia y no por motivos ideológicos».

En este sentido, Amelia Díaz, ha señalado que «en la llamada remunicipalización han primado en muchos casos las razones ideológicas por encima de razones de eficiencia en la gestión».