La Ley del Juego tendrá más medidas de control y de protección a los más vulnerables

Se mantienen medidas tradicionales y se incorporan otras nuevas para una mejor ordenación y planificación del sector

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Juego de la comunidad autónoma con medidas existentes y otras nuevas que buscan garantizar una mejor ordenación y planificación del sector, más control de la actividad y una mayor protección de los colectivos más vulnerables (menores y personas con ludopatías).

Entre las novedades, el texto plasma una «visión integral» del sector del juego, con acciones que se implementan en nuevos ámbitos como sanidad, salud pública, juventud y educación, según ha destacado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo.

Así, a las medidas «tradicionales» de control e intervención de la administración pública, que se mantienen, se añaden otras de prevención del juego patológico y orientación de la actividad a la promoción del juego responsable, limitación de la publicidad y una adecuada planificación de los establecimientos del juego.

Álvarez ha destacado el «enfoque multidisciplinar» de la nueva norma, que ha contado con la participación de una treintena de instituciones y entidades relacionadas con el juego a través del grupo de trabajo creado hace cuatro años.

EL MAYOR AVANCE LEGISLATIVO

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha considerado que la reforma, impulsada por su departamento, «es el mayor avance legislativo en materia de juego responsable» de las distintas autonomías.

En un comunicado ha subrayado que con su aprobación en el Consejo de Gobierno -el día en el que se conmemora el Juego Responsable- se cumple un compromiso de legislatura por parte del Ejecutivo PRC-PSOE, «en respuesta a una demanda de la sociedad cántabra, muy preocupada ante la proliferación de casas de apuestas y salones de juego».

Con esta ley, «se culmina una política de Juego Responsable iniciada en 2018 que desembocó en la adopción de toda una serie de medidas que tratan de evitar los efectos nocivos que el juego puede tener, si no se hace desde una perspectiva de consumo responsable», ha señalado la consejera, que también ha resaltado el refuerzo a la labor de control con la incorporación de 14 efectivos al Servicio de Inspección, aprobada la semana pasada también por el Gobierno.

El proyecto de Ley de Juego, que dejará sin efecto la norma autonómica aprobada en 2006, ha contado además con un amplio proceso de diálogo y participación, que ha incluido la constitución de un grupo de trabajo específico, con representación de todos los agentes implicados, que ha participado en la elaboración de la norma, junto a los preceptivos trámites de consulta e información pública.

NOVEDADES DEL PROYECTO DE LEY

Con el nuevo texto, el Gobierno regional da relevancia jurídica, por primera vez, a las políticas de juego responsable, que vertebran toda la normativa. Así, se contemplan una serie de principios a los que deberá someterse la publicidad del juego, como la identificación de las comunicaciones comerciales y del anunciante, el principio de veracidad, el de juego seguro y el de protección de menores de edad.

El proyecto de ley pone de manifiesto la «estrecha relación» entre la presencia mediática y la frecuencia de juego en los adolescentes, así como del efecto de la publicidad en los medios de comunicación y la expansión de espacios de juego.

Por eso, contempla los requisitos necesarios que la publicidad ha de cumplir para una selección «consciente» de actividades de juego, así como la comunicación previa de cualquier actividad que suponga la realización de acciones publicitarias, promociones y comunicaciones comerciales.

Igualmente, se establecen, por primera vez, medidas de prevención del juego patológico, dirigidas a la población en general, y, en especial, a la protección de las personas usuarias, con especial interés, de nuevo, en la protección de los menores de edad y de las personas vulnerables a las conductas patológicas.

Así, las medidas de prevención y protección se extienden a todos los ámbitos de la sociedad, con iniciativas en materia de juego y también en otros sectores que pudieran resultar afectados: sanidad, educación, juventud, políticas municipales, así como entidades del tercer sector que traten problemas de adicción.

Se crea una Consejo Técnico de Coordinación y Seguimiento de las Medidas de Prevención, en la que tendrán cabida representantes de todos los sectores implicados, personas de reconocida competencia profesional o científica, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.

LÍMITES AL CRECIMIENTO DEL SECTOR

En materia de planificación, se contemplan medidas encaminadas a la promoción del juego responsable y se establecen límites cuantitativos en relación al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego, así como en la fijación de un régimen de distancias mínimas, entre los establecimientos entre sí, así como en relación con centros educativos y unidades de salud mental.

Se contempla, asimismo, la posibilidad de que los municipios, en base a sus respectivas competencias, puedan establecer restricciones adicionales, especialmente con el fin de proteger a menores y personas vulnerables frente a las conductas adictivas.

Respecto a los órganos competentes en materia de juego, se regula la Comisión de Juego de Cantabria, como órgano colegiado de carácter consultivo, encargado del estudio y asesoramiento en materia de juego.

Por último, se regula nuevo régimen sancionador que, con el fin de preservar el espíritu de la ley, ofrece una protección más intensa a las personas menores de edad y colectivos especialmente vulnerables.

Como novedad, se establece el carácter finalista de la recaudación de las sanciones, de tal manera que su destino sea la investigación, prevención y asistencia al juego patológico.

Asimismo, se recalifican los distintos tipos de infracciones, y se revisan las cuantías de las sanciones, estableciéndose un régimen sancionador acorde y proporcional con los objetivos planteados por la norma.

SERVICIO DE ADMISIÓN Y DISTANCIAS MÍNIMAS

El proyecto de Ley autonómico, que será debatido ahora en el Parlamento, forma parte de las acciones iniciadas en 2018 por la Consejería de Presidencia e Interior para introducir políticas de juego responsable, reducir los riesgos para la salud y ajustar la oferta de salas de juego a la población.

Entre estas medidas, también se encuentra en vigor el decreto del servicio de admisión obligatorio, que impide el acceso a los locales de juego a los menores y a las personas que están inscritas en el registro de interdicciones.

Igualmente, desde el 1 de enero de 2020, es de aplicación efectiva la distancia mínima de 500 metros a los centros escolares y de atención a las ludopatías -una de las distancias más restrictivas del país- y entre los propios locales de juego, casas de apuestas, bingos y casinos.

Este régimen de distancias, además de impulsar la protección de los colectivos más vulnerables, constituye una medida de planificación adicional para evitar una proliferación excesiva de establecimientos.

Otras medidas restrictivas han consistido en la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras, una suspensión que se mantiene desde el año 2006 Refuerzo a las labores de inspección, ha detallado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.