La ley de transferencia de la AP-9 que debatirá el Congreso incluye rescatar la autopista con dinero público
El Parlamento de Galicia admite una «errata» en la comunicación a los grupos y la corregirá en los próximos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19
La propuesta de ley para la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, AP-9, que debatirá el Congreso incluye también la posibilidad de que esta vía que vertebra Galicia de Norte a Sur sea rescatada con dinero público y deje de estar en manos privadas. Actualmente, está gestionada por la concesionaria Audasa –que pertenece al Grupo Itínere–.
El periplo de la iniciativa que cuenta con la unanimidad del Parlamento de Galicia se remonta a 2016, cuando por primera vez se aprobó una proposición de ley que, además del cambio de titularidad, recogía la posibilidad de que se llegase a plantear el rescate.
«La Administración del Estado asumirá las obligaciones económicas y financieras en el caso de que, en el ejercicio de las competencias delegadas en la presente ley orgánica, la Comunidad Autónoma acuerde el rescate de la concesión de la autopista AP-9 para su reversión al ámbito público», dice la disposición adicional tercera del texto propuesto por el Parlamento de Galicia.
Este texto significa que, una vez transferida la titularidad a Galicia, si la Comunidad gallega decide que pase a formar parte del patrimonio público (y deje de estar en manos privadas), deberá ser el Estado el que asuma el coste.
Esta mención propició que el Gobierno de Mariano Rajoy vetase el debate de la ley en el Congreso. Así, unos meses más tarde el Parlamento de Galicia volvió a pedir la titularidad de la autopista, pero eliminó la posibilidad del rescate para evitar el bloqueo institucional.
Sin embargo, el Gobierno del PP volvió a parar la toma en consideración de la ley (es decir, ni siquiera permitió que se debatiese en el Congreso, donde después se pueden incorporar los cambios que apruebe la mayoría). Con el cambio de color político en La Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez desbloqueó decenas de propuestas de ley que no se habían podido debatir.
CAMBIO DE CRITERIO
Según consta en la documentación remitida por el Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez cambió el criterio y acepta la inclusión en una próxima sesión plenaria de la ley de transferencia y competencias de la AP-9 que figura con número de expediente 125/000004, es decir, la primera de las leyes que se aprobó, por impulso del BNG, en el Parlamento de Galicia.
Así figura también en el listado de iniciativas pendientes que manejan los grupos parlamentarios en el Congreso y que ha podido contrastar Europa Press. Del mismo modo, la web de la Cámara Baja permite consultar los expedientes en tramitación y, en el listado, se puede comprobar que la normativa que será debatida en un próximo pleno será la que incluye el rescate.
OTRAS DOS LEYES
Además de esta propuesta de ley, la Cámara gallega aprobó otras dos más, una en mayo de 2017, también vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y otra este verano de 2018, que también ha sido admitida a trámite en el Congreso. Con todo, estas dos leyes no incluyen el rescate y únicamente piden la transferencia de titularidad del Estado para que pase a manos de la Xunta.
En este escenario, el Parlamento de Galicia trasladó por escrito este martes a los grupos parlamentarios del levantamiento del veto (ya anunciado por el Gobierno antes de las vacaciones de verano), pero cometió una «errata». Así, informó de que la ley que se iba a debatir era la que solo contemplaba el cambio de titularidad, aunque adjuntó la información completa del Congreso (que, no en vano, remite a la normativa que se tramitará).
Fuentes del Parlamento de Galicia, a preguntas de Europa Press, han reconocido este fallo como una «errata» y han explicado que se corregirá de oficio en próximos días en el boletín parlamentario.
