La Ley de Control Ambiental mantendrá «todas las garantías» con una tramitación «infinitamente más sencilla», dice Media
El consejero informa al Consejo Asesor de Medio Ambiente del contenido del anteproyecto de la ley y de la Estrategia de Bioeconomía
El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha informado este viernes al Consejo Asesor de Medio Ambiente del anteproyecto de Ley de Control Ambiental con el que el Gobierno de Cantabria pretende mantener «todas las garantías» medioambientales con una tramitación «infinitamente más dinámica y sencilla», así como de la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular.
Así, entre las novedades de la futura ley se encuentran la declaración ambiental responsable para proyectos de escasa relevancia ambiental, la sustitución de la Comisión de Comprobación Ambiental por un informe, que la Comunidad Autónoma sea la responsable de otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas (AII) y las Evaluaciones Ambientales, la posibilidad de poner en marcha medidas cautelares urgentes y el incremento de las sanciones.
Según ha informado el Gobierno, Media ha trasladado que el Ejecutivo autonómico ha introducido una serie de cambios en el borrador de proyecto de Ley de Control Ambiental redactado en la anterior legislatura sobre una normativa «obsoleta» y «superada», aprobada hace 18 años, con el fin de «ser mucho más ambiciosos» en la mejora de todos los trámites administrativos que «ahogan a los ciudadanos» pero «manteniendo siempre el respeto más absoluto a los controles que la Administración debe ejercer en el ámbito del medio ambiente».
Así, ha apuntado que la futura ley va en la línea de lograr la máxima simplificación de la Administración pública y ha confiado en aprobar esta normativa en el Parlamento «con el máximo consenso posible».
Tal y como ha explicado, la norma persigue alcanzar «el máximo nivel» de protección del medio ambiente, simplificar los trámites administrativos en materia ambiental y establecer un control administrativo ambiental previo a la implantación y puesta en marcha de determinadas instalaciones, proyectos y actividades, seguido de una supervisión posterior de su funcionamiento o ejecución.
También, impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, regular las actuaciones para la restauración de la legalidad ambiental mediante la imposición de medidas correctoras y desarrollar instrumentos y mecanismos que faciliten la participación social y el acceso de los ciudadanos a la información ambiental.
Ha insistido en que la motivación de esta ley es agilizar todos los trámites administrativos con el fin de descargar de trabajo redundante a los funcionarios, evitando duplicidades y facilitando las gestiones a ciudadanos y empresas.
NOVEDADES
Ha explicado que esta nueva norma presenta la «gran novedad» de la figura de la declaración ambiental responsable para proyectos de «escasa relevancia ambiental», a los cuales les bastará con que el interesado y el técnico competente presenten una declaración responsable indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma.
Otra de las principales novedades es la sustitución de la Comisión de Comprobación Ambiental por un informe de carácter preceptivo y vinculante de la Dirección General de Medio Ambiente para aquellas iniciativas de mayor envergadura, y que será previo a cualquier actuación urbanística.
Además, con la nueva ley será la Comunidad Autónoma la responsable de otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas (AII) y las Evaluaciones Ambientales, y de emitir los informes de comprobación ambiental, descargando así de trabajo a los ayuntamientos, que tendrán la competencia de vigilar y controlar las actividades sujetas a comprobación ambiental.
También recoge la posibilidad de poner en marcha medidas cautelares urgentes para casos en los que sea necesaria una inmediata actuación ante un riesgo grave. La administración se reserva la facultad de paralizar la actividad, precintar tanto las instalaciones como la maquinaria e, incluso, retirar y decomisar los productos.
Asimismo, la ley incrementa las cuantías de las sanciones, que pueden ir desde los 200 euros, en el caso de las leves, hasta los 500.000 euros, para las muy graves.
ESTRATEGIA CÁNTABRA DE BIOECONOMÍA Y ECONOMÍA CIRCULAR
Por otro lado, el consejero ha informado de la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular que está tramitando su departamento para contribuir a conseguir las metas y objetivos climáticos y ambientales que tanto España como la Unión Europea se han planteado para 2030 y 2050.
Así, se ha referido a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos plásticos, la mejora de la eficiencia en el uso del agua, la instauración de una economía «completamente circular» y el impulso de la transición del actual sistema de modelo productivo hacia otro más ecológico.
Para ello, ha avanzado, el documento contiene hasta 70 acciones directas con el sector primario, el turismo, la gestión de los residuos o la construcción, y prevé una inversión inicial de casi 400 millones de euros hasta 2030 entre fondos propios y de la Unión Europea.
