La Ley de Control Ambiental llegará en octubre al Parlamento y prevé multas de hasta medio millón

La tramitación ambiental de los parques de energía renovable va a seguir siendo «idéntica»

El Gobierno de Cantabria (PP) prevé llevar al Parlamento en el mes octubre para su aprobación la nueva Ley de Control Ambiental, cuyo objetivo es simplificar los trámites para iniciar una actividad y mantener todas las garantías de protección, poniendo «énfasis» en las labores de inspección, con multas que se amplían hasta los 500.000 euros.

Esta norma, que sustituye a la ley de 2006 y está en línea con el compromiso del Ejecutivo en materia de simplificación administrativa, introduce la Declaración Ambiental Responsable para proyectos menores y sustituye la Comisión de Comprobación por un informe de Medio Ambiente para los de mayor envergadura, como en el caso de los parques de energía renovable con tramitación autonómica.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, que espera que la nueva normativa cuente con el «máximo consenso posible» por parte de los grupos.

El texto, como avanzó el domingo la presidenta, María José de Buruaga, en el Día de Cantabria, saldrá hoy a información pública en Boletín Oficial de Cantabria (BOC), cuyo plazo para presentar aportaciones permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre.

Media ha destacado que la nueva ley pretende acabar con las demoras «excesivas» en la concesión de las autorizaciones ambientales.

«Que una autorización tarde dos, cuatro o seis años en otorgarse o denegarse, y en algunos casos mucho más, no es garantía de nada, solo garantiza que algo no funciona dentro de la propia administración», ha valorado.

Asimismo, ha subrayado que los principios y fines que persigue esta ley es alcanzar «las más altas cuotas de bienestar medioambiental, salud y seguridad para las personas» y la fórmula elegida «permite mantener el 100% de las garantías medioambientales que ya estaban establecidas para cualquier proyecto, pero con una tramitación infinitamente más dinámica y sencilla».

Según ha explicado el consejero, con la futura ley en los proyectos de «escasa relevancia ambiental» bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presenten una Declaración Ambiental Responsable indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Posteriormente, la Administración comprobará que toda la documentación está en regla y que la actividad que se está realizando coincide con lo declarado y con la normativa vigente.

Así, en los casos que exista alguna «irregularidad» se podrá proceder a la inmediata clausura de la actividad y podrán ser sancionados tanto el promotor como el técnico responsable.

Mientras que en el caso de los proyectos con una «mayor relevancia medioambiental», se ha sustituido la Comisión de Comprobación Ambiental por un informe que emitirá directamente la Dirección General de Medioambiente y Cambio Climático.

En este caso, será directamente la Dirección General de Medioambiente quien recabará todos los informes sectoriales necesarios para, seguidamente, emitir el suyo propio, que tendrá carácter preceptivo y vinculante y será previo a cualquier actuación urbanística, por lo que se garantiza «la máxima sostenibilidad» de los proyectos.

Como ejemplo, el consejero ha apuntado que una explotación ganadera de hasta 50 vacas, si son de leche, y de hasta 100 vacas, si son de cebo, solo necesitaría de una declaración responsable para ponerse en marcha, pero si tuviera más de ese número de cabezas de ganado ya necesitará del informe de Medio Ambiente.

Del mismo modo, en el sector agroalimentario estarían sujetas a Declaración Ambiental y, por tanto, exentas de informe todas aquellas actividades cuya producción no supere los 100 kilos por día, al igual que la apertura de una peluquería o de un bar, si éste no necesitara de extracción de humo.

Según ha indicado, con la nueva ley será la comunidad autónoma la responsable de otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas (AII) y las Evaluaciones Ambientales, y de emitir los informes de comprobación ambiental, «descargando» así de trabajo a los ayuntamientos, que tendrán la competencia de vigilar y controlar las actividades sujetas a comprobación ambiental.

Cuestionado por los parques de energías renovables, Media ha apuntado que van a seguir con su tramitación ambiental «idéntica», salvo que aquellos proyectos cuya tramitación es autonómica «ya no van a tener que pasar» por la Comisión de Comprobación porque se suprime.

De esta forma, ha precisado que no entrarán dentro de los proyectos para los que bastará una Declaración Ambiental Responsable, sino que requerirán de un informe de la Dirección General de Medio Ambiente.

«ÉNFASIS» EN LA INSPECCIÓN

Los objetivos de la nueva ley son alcanzar el máximo nivel de protección del medioambiente, agilizar la burocracia y evitar duplicidades; establecer un control administrativo ambiental previo a la puesta en marcha de determinadas instalaciones y una supervisión posterior; impulsar la corresponsabilidad público-privada, establecer medidas correctoras para reparar o compensar posibles daños ambientales y fomentar la participación social.

El texto recoge también la posibilidad de poner en marcha medidas cautelares urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación ante un riesgo grave.

En estos casos, el consejero ha precisado que la Administración se reserva la facultad de paralizar la actividad, precintar tanto las instalaciones como la maquinaria e, incluso, retirar y decomisar los productos.

Así, se pondrá «énfasis» en las actividades de inspección por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de la regulación del Plan de Inspección de las Organizaciones Ambientales Integradas y de los Programas de Inspección Ambiental Integrada.

De hecho, el anteproyecto de ley prevé incrementar las cuantías de las sanciones más graves en caso de incumplimientos fragrantes de la normativa.

En concreto, las multas oscilan entre los 200 euros las leves y los 0,5 millones de euros las muy graves –un 66,6% más que en la actualidad, que se sitúan en 300.000 euros–.