La Justicia española admite una querella por injurias que tiene como trasfondo las misiones médicas de Cuba
El presidente de la ONG Prisoners Defenders acusa a una web que vincula al castrismo de llamarle «criminal de guerra»
Los juzgados de instrucción de Madrid han admitido a trámite una querella presentada por el presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, contra una web que vincula al «entramado mediático» del Gobierno cubano en Europa y a la que acusa de presuntos delitos de injurias, calumnias y odio por llamarle «criminal de guerra» para, según explica, contrarrestar sus denuncias sobre las misiones médicas de Cuba en el extranjero.
La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra la Asociación Euskadi-Cuba, supuesta titular de cubainformacion.tv, y contra el coordinador de esta web por un artículo publicado en ella el 5 de octubre de 2020 bajo el título Crear una crisis sanitaria en Cuba: objetivo de la guerra contra su cooperación médica .
En el texto se afirmaba que «Javier Larrondo, miembro de una de las familias de la burguesía cubana amparada por la dictadura de Fulgencio Batista es, como Marco Rubio y Donald Trump, un criminal de guerra, y como tal debería ser tratado».
Según explica la ONG en su propia web, estas afirmaciones están destinadas a «contrarrestar la verdad, ya sobradamente demostrada, de que las misiones internacionalistas de Cuba se producen mediante trabajo forzado y esclavitud moderna de sus trabajadores cubanos», tal y como denuncia Prisoners Defenders.
La querella sostiene que estas presuntas injurias y calumnias obedecen a la «animadversión política» de la Asociación Euskadi-Cuba hacia Larrondo por su trabajo en defensa de los Derechos Humanos, ya que «ha promovido diferentes denuncias contra el Gobierno de Cuba ante Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos, decenas de las cuales han sido falladas a su favor».
Por el contrario, expone, «cubainformacion.tv es ampliamente conocido por difundir y replicar información oficialista favorable al Gobierno de Cuba, hasta el punto de que, el director de dicho portal y miembro de la Asociación Euskadi-Cuba (…) fue condecorado por el Gobierno de Cuba en reconocimiento a su labor».
«DOBLE GRAVEDAD»
Larrondo ve en el mencionado artículo una «doble gravedad». Por un lado, denuncia su «carácter injurioso y calumnioso» porque «con desprecio absoluto a la verdad» se asegura que el activista es un criminal de guerra protegido por el antiguo régimen de Batista, «siendo que jamás ha colaborado ni ha sido protegido por dictadura alguna ni mucho menos ha cometido ni sido condenado en tribunal alguno por crímenes de guerra».
Y, por otro lado, aprecia un delito de odio en el hecho de que el artículo incita a tratar a Larrondo como un criminal de guerra, esto es, «a menospreciar, denigrar e incluso atacar» al defensor de los Derechos Humanos.
La querella llama la atención sobre el especial daño que estas manifestaciones han causado a Larrondo y a su labor, subrayando que «han repercutido en su credibilidad profesional de forma clara, provocando perjuicios morales y reputacionales» que tacha de «incalculables».
En este punto, destaca que el artículo fue difundido de forma «masiva», publicándose en la misma URL «hasta en cuatro idiomas distintos» y en decenas de páginas web que lo replicaron, a lo que se suma un vídeo que contiene la misma información que el texto pero poniendo cara a Larrondo.
ACTITUD «OBSTRUCCIONISTA»
Larrondo acusa a la Asociación Euskadi-Cuba de tener una actitud «obstruccionista» porque, cuando le pidió que rectificara lo publicado, «lejos de intentar reparar el daño producido» hizo cambios en la web con el objetivo de ocultar su verdadera titularidad.
A este respecto, pone de relieve que cubainformacion.tv está financiado con fondos públicos, «particularmente del Gobierno Vasco», basándose en la información que reflejaba la propia web en el apartado ¿Quiénes somos? .
El presidente de Prisoners Defenders también intentó llegar a un acuerdo con la citada asociación pero, según se desprende de la querella, el acto de conciliación fracasó.
«De este modo, partiendo de que los contenidos estuvieron publicitados durante aproximadamente una semana antes de ser recortados sin pública rectificación ni reparación alguna, y que aún siguen tras casi seis meses activos en numerosos sitios web y redes sociales, el público de los mismos ha ascendido a alcanzar la cifra como mínimo de cientos de miles de espectadores, sin contar con el público extranjero que accedió a las decenas de páginas web, en distintos idiomas», resume.
Con todo, Larrondo entiende que «no resulta desde ningún punto de vista razonable intentar justificar la publicación y difusión dolosa de tamañas falsedades en el ejercicio de un supuesto derecho de libertad de expresión».
Por ello, finalmente en mayo formalizó una querella que en julio fue admitida a trámite por los juzgados de instrucción de Madrid, que ya han acordado tomar declaración a los dos querellados el próximo 13 de octubre, según las resoluciones judiciales consultadas por Europa Press.