La Justicia ecuatoriana declara nulidad en el caso por delincuencia organizada contra el expresidente Bucaram
La Justicia ecuatoriana ha declarado este lunes nulidad en el caso por el que el expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) y su hijo, Jacobo Bucaram, y otras cinco personas, son investigados por presunta delincuencia organizada.
La jueza penal de la provincia de Pichincha Verónica Medina ha decretado la nulidad de lo actuado en la etapa de instrucción fiscal en el marco del caso sobre delincuencia organizada en la comercialización de pruebas rápidas para la COVID-19, al verificarse vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, según informa el medio ecuatoriano El Universo .
El caso vuelve así a la etapa de investigación previa, en la que, según la resolución de la jueza, «claramente se especificó la vulneración de los derechos, no solo de uno sino del universo de los procesados, y con base en esta vulneración incluso se vulnera todo el procedimiento realizado posteriormente», ha detallado.
Medina se ha referido a la fiscal que actuó en el caso, Lidia Sarabia, quien, como ha indicado, «ha actuado con absoluta deslealtad procesal» y «ha presentado hechos que no han podido ser respaldado».
Precisamente, en la última jornada se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra los siete acusados, tras una sesión en la que la jueza penal atendió la defensa de las partes procesadas que pedían nulidad.
Por su parte, la fiscal Sarabia ha presentado en la cita de declaración de nulidad un recurso de apelación a la misma. «Presentaremos la apelación por no encontrarnos de acuerdo con su auto de nulidad, en realidad Fiscalía ha observado el debido proceso y ha dado los derechos que asisten a las partes dentro de esta presente causa», ha adelantado.
El abogado de Bucaram, Cristian Romero, ha pedido a Medina que emita órdenes de revocación de las órdenes de prisión preventiva que pesan sobre los procesados, así como las medidas cautelares que tiene el expresidente, entre ellas el grillete electrónico.
En concreto, la Fiscalía investigaba a un total de nueve personas por haber planificado y ejecutado presuntamente actividades delictivas en 2020 con la comercialización de test de coronavirus y mascarillas.
