La Justicia da la razón a inspectores de Hacienda en su recurso contra la lista de interinos en oposiciones
La sentencia considera que esta práctica puede propiciar «opacidad y riesgo de arbitrariedad»
La Justicia ha dado la razón a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) al estimar íntegramente el recurso presentado contra a la lista de interinos en la convocatoria de oposiciones.
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 9, en sentencia de 23 de julio de 2024, ha dictaminado que la inclusión de la lista de interinos en la convocatoria de oposición podría propiciar «una opacidad y un riesgo de arbitrariedad, intolerable en la actuación de la Administración al cubrir puestos tan importantes como los del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado».
El juzgado ha estimado íntegramente el recurso presentado contra la resolución de 21 de septiembre de 2023, en la que se establecía que «finalizado el proceso selectivo, el órgano de selección elaborará la relación de posibles candidatos para su consideración por el órgano convocante de la oferta de empleo público». No obstante, según dicta ahora la sentencia, «no es ajustado a derecho».
IHE interpuso dicho recurso al interpretar que la inclusión de interinos en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado vulneraba los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Además advertían que esto iba en contra de la «lógica» de que accedieran personas sin haber superado el proceso selectivo para desarrollar una función «tan sensible como es la que se encomienda a los Inspectores de Hacienda del Estado».
«La elaboración de esa lista de interinos supondría no solo una rebaja de la exigencia, sino también dar pie a la discrecionalidad, a la valoración subjetiva y a la selección injusta del personal de la Administración tributaria», han avisado los inspectores a través de un comunicado
Además, hay interpuestos otros recursos contenciosos, como el de la Oferta de Empleo Público de 2024, por considerar que también limita las facultades que la ley le otorga a la Agencia Tributaria.
