La Justicia argentina procesa a ex altos funcionarios de seguridad de Macri por espionaje ilegal
La Cámara Federal de La Plata ha confirmado este jueves el procesamiento del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina Gustavo Arribas y a su número dos , Silvia Majdalani, que ejercieron sus cargos durante la Administración del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), por espionaje ilegal del Instituto Patria y de la casa de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
La sentencia también confirma el procesamiento del exjefe de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz, según el fallo que recoge la agencia de noticias Télam, todos investigados por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge. Éste también investiga una megacausa de espionaje que presuntamente habría llevado a cabo el Ejecutivo de Macri contra 500 periodistas, políticos y sindicalistas a través de la AFI.
Los jueces han procesado a Arribas, Majdalani y Ruiz por haber ordenado y coordinado las tareas de supuesto espionaje ilegal, así como por haber dispuesto o participado en el elaboración de documentos falsos para que parecieran legales los hechos.
Asimismo, se ha procesado al último jefe de Contrainteligencia de la AFI durante el Gobierno de Macri, Martín Coste, en su caso por «falsedad ideológica y abuso de autoridad».
La investigación ha concluido que Ruiz, a instancias de Arribas y Majdalani, «ordenó durante los primeros días de julio o agosto de 2018 verbalmente a los agentes orgánicos la realización de tareas de observación y vigilancia frente a la sede del Instituto Patria y en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner». El Instituto Patria es un centro de estudios localizado en la capital y asociado a Fernández.
Se trataría de la segunda investigación contra ambos exfuncionarios iniciada por la Justicia argentina, después de que fueran procesados por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, esta misma semana por supuesto espionaje político ilegal en la provincia de Buenos Aires.
Ramos Padilla ha concluido que «existía una directiva de carácter general» que ordenaba a los agentes de la AFI a «realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo», en lo que se conoce como «causa AMBA».
Según la investigación, existieron «órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar», tal y como recoge Clarín .
Además, la AFI presuntamente instaló durante 2016 seis bases de inteligencia en el llamado conurbano bonaerense que fueron parte de la estructura de Inteligencia del organismo en la provincia durante el año siguiente.
En esta misma resolución, el juez ha procesado a otros nueve exagentes de la AFI, considerando que todos son coautores de delitos «en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias».
