La Junta tacha de «barbaridad jurídica» la «estrategia dilatoria» del TC respecto a los recursos de CCAA a la amnistía

JAÉN, 16

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha criticado este lunes la «barbaridad jurídica» que, a su juicio, supone la «estrategia dilatoria» por la que se habría decantado el Tribunal Constitucional (TC) en relación a los recursos presentados por 15 comunidades autónomas –gobernadas por el PP y una, Castilla-La Mancha, por el socialista Emiliano García-Page–, contra la Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024

En una atención a medios en Jaén, el consejero andaluz de la Presidencia ha reaccionado así tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de que encargará un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por 15 comunidades autónomas contra la Ley de Amnistía con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma, según ha adelantado El País y han confirmado fuentes del TC a Europa Press.

Antonio Sanz ha expresado la «sorpresa política y jurídica» del Gobierno andaluz ante lo que ha considerado como «una nueva estrategia de dilación de lo que tiene que ser la decisión del Tribunal Constitucional en torno a un recurso» presentado por «la mayoría de las comunidades autónomas en relación con la ley de amnistía», según ha remarcado.

«Nos parece que estamos ante una nueva barbaridad jurídica», ha sentenciado el consejero andaluz de la Presidencia, para quien el Tribunal Constitucional «sorprende» al tomar esta decisión de la que «prácticamente» no hay precedentes sobre «poner en duda la legitimación de las comunidades autónomas para presentar un recurso que claramente nos afecta», ha abundado.

En esa línea, Antonio Sanz ha sostenido que el hecho de que «la mayoría de las comunidades autónomas», incluso una gobernada por el PSOE, es decir, no todas con gobiernos del PP, hayan presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía «quiere decir que algo nos afecta» esa normativa, y que «estamos ante el interés común de las comunidades autónomas».

RECURSO CON «BASES JURÍDICAS»

De igual modo, el consejero de la Presidencia ha defendido que el recurso de la Junta «tiene bases jurídicas», de forma que «está avalado por no sólo por el dictamen del Gabinete Jurídico» del Gobierno andaluz, sino que también cuenta con «el posicionamiento favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, órgano independiente desde el punto de vista jurídico y de máxima relevancia desde el punto de vista jurídico en Andalucía», según ha subrayado.

Además, el recurso de la Junta «está avalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», según ha continuado razonando Antonio Sanz antes de añadir que, por ello, la decisión del TC acerca de los recursos autonómicos contra la ley de amnistía es «absolutamente contradictoria» y «tiene tufo de un interés político», para «paralizar o ralentizar un posicionamiento» de la corte de garantías.

En esa línea, ha señalado que «hemos conocido suspensiones pendientes de recusaciones», pero «lo que no habíamos visto es este tipo de suspensiones pendientes de definir la legitimación de las comunidades autónomas», y ha agregado que «esto es como situar al Tribunal Constitucional en sus orígenes», porque, «si pone en cuestión la capacidad de las comunidades autónomas para presentar un recurso, estamos en los orígenes de hace décadas de inicio de la democracia».

Así, el consejero andaluz de la Presidencia ha hablado de «un retroceso democrático» y «de las garantías de seguridad jurídica en este país, de igualdad de oportunidades, y también en el marco de las competencias del propio Tribunal Constitucional y de las comunidades autónomas que tenemos capacidad para recurrir» ante la corte de garantías, y ha denunciado que se da «un paso atrás» con esta «barbaridad jurídica» y «auténtica contradicción jurídica y política, sobre todo con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional», ha enfatizado.

«Y desde luego es un paso atrás, una vez más, en la confianza que cada día el Gobierno de Sánchez va aminorando de la confianza de los españoles en el Estado de Derecho», ha dicho también Antonio Sanz, que ha agregado que «Andalucía tiene que defenderse de lo que es una grave agresión en el marco de la igualdad de oportunidades, igual que lo estamos haciendo frente a la financiación privilegiada» y «la ruptura del sistema», ha abundado.

El consejero ha sostenido que en el caso de la amnistía «se rompen» los principios de «la seguridad jurídica y la igualdad» y «claramente afectan al conjunto de las comunidades autónomas», y ha agregado que desde la Junta de Andalucía van a «analizar a fondo esta decisión» del TC.

«No queremos pensar ni podemos imaginarnos que se vaya a impedir que las comunidades autónomas podamos recurrir, porque sería romper toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», ha continuado señalando Antonio Sanz, que ha remarcado que «hay sentencias más que claras, que fueron muy clarificadoras y pusieron de manera muy definitiva el posicionamiento de qué capacidad tenemos las comunidades autónomas para recurrir» ante dicho tribunal.

A preguntas de los periodistas, el consejero ha señalado que desde la Junta van a ver si «cabe recurso» contra esa iniciativa del TC que constituye «un hito sin precedentes», según ha remarcado para agregar que en el Gobierno andaluz «ha sorprendido» y les «llena de perplejidad» esta decisión, «pero sobre todo nos lleva a una honda preocupación de hasta dónde se pueden buscar estrategias dilatorias para intentar evitar que el Tribunal Constitucional se posicione sobre algo que para nosotros es claro, y es que estamos ante una ley claramente inconstitucional», ha añadido para finalizar.