La Junta de Extremadura defiende que la financiación autonómica «no puede ser excusa para mantener las diferencias»
MÉRIDA, 1
La Junta de Extremadura defiende que el sistema de financiación autonómica «no puede ser una excusa para mantener las actuaciones diferencias de riqueza» entre las comunidades, sino que debe «promover la convergencia en los niveles de vida de todos los españoles».
En ese sentido, el Ejecutivo extremeño reclama «máxima objetividad, rigor y transparencia» a la hora de calcular «lo que cuesta en cada región de España prestar un nivel equivalente de servicios y políticas públicas», con el objetivo de «acabar de una vez por todas con el falaz reproche de que los extremeños estamos sobrefinanciados, o que parasitamos a otros españoles».
«Si nuestro gasto en educación o sanidad está por encima de la media, no es porque el sistema de financiación sea más generoso con Extremadura», sino porque el número de personas que atiende la sanidad o la educación públicas «está por encima de la media».
De esta forma se ha pronunciado la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, este jueves en un debate monográfico sobre la reforma de la financiación autonómica que se celebra en la Asamblea de Extremadura con el objetivo de «fijar una postura común» entre todos los grupos parlamentarios, que «determine la posición de Extremadura» ante la próxima negociación de este modelo.
PIDE AL GOBIERNO UNA PROPUESTA
En su intervención, la vicepresidenta de la Junta de Extremadura ha solicitado al Gobierno central que «presente una propuesta en un plazo razonable», ya que hasta la fecha, las Comunidades Autónomas «han realizado aportaciones y observaciones» sobre asuntos como nivelación vertical, suficiencia, lealtad institucional, recursos y estructura defondos, por lo que «es hora de que la AGE concrete una propuesta».
En cualquier caso, la Junta de Extremadura reclama que se debe «asumir como principio esencial que lo primero son las personas y no los territorios», por lo que la reforma del Sistema de Financiación Autonómica «debería abordarse no como una pugna entre CC.AA., o entre éstas y la Administración General del Estado», sino como una «tarea común dirigida a mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar», ha dicho.
Por eso, ha avanzado que Extremadura va a defender en esta negociación que «son los ciudadanos y no las regiones los sujetos pasivos de los tributos y los beneficiarios de las prestaciones que con ellos se costean», tras lo que ha reafirmado que «ninguna región subvenciona a otra».
«Ninguna Comunidad Autónoma paga los servicios y políticas que otra presta a sus ciudadanos», ha reafirmado la vicepresidenta extremeña, quien ha considerado que «quien sostenga esto no es ni veraz ni leal», por lo que ha aseverado que el «eje» sobre el que debe pivotar la reforma de la financiación autonómica es que este sistema «no establece trasvases de fondos entre regiones sino entre personas».
Así, ha reafirmado que este sistema debe «garantizar que todos los españoles que estén en la misma situación reciben el mismo trato», y contribuyendo «en la medida de su capacidad y recibiendo en función de sus necesidades», ha destacado Blanco-Morales.
En este punto, la vicepresidenta extremeña ha tachado de «falso técnicamente» y «moralmente perverso» el «empeño» que hay en «distinguir entre regiones caritativas y menesterosas, entre los que dan y los que reciben», tras lo que ha recordado que «no tributan las regiones, sino las personas que viven y trabajan en ellas».
Ante esta situación, ha alertado que por el camino de «fingir agravios inexistentes sobre la base de interpretaciones sesgadas», se llega a la «reclamación de privilegios injustificables», y ha recordado que la Constitución Española garantiza en su artículo 138 la «solidaridad entre las nacionalidades y regiones de España», y «prohíbe que las diferencias entre ellas se traduzcan en privilegios».
Por todo ello, Blanco-Morales ha considerado que Extremadura se debe oponer a la inclusión en el nuevo modelo de mecanismos que, «estableciendo límites al principio de solidaridad, tiendan a garantizar que una región mantenga su lugar en el ranking de riqueza una vez se haya producido la redistribución territorial de los recursos».
EL ACTUAL SISTEMA NO CUMPLE SU FUNCIÓN
Durante su intervención en la Asamblea, Blanco-Morales ha mostrado su deseo de que los grupos parlamentarios coincidan en la necesidad de reformar un sistema de financiación autonómica que «no cumple correctamente su función» de proveer a las CC.AA. de los recursos que necesitan para prestar los servicios y desarrollar sus políticas.
Por eso, ha instado a reclamar un nuevo modelo que «aporte fondos adicionales», corrija las «deficiencias» y permita a las comunidades cumplir con todas sus obligaciones, tras lo que ha advertido de que la Junta de Extremadura «no aceptará» un sistema de financiación que le dote de menos recursos que el modelo vigente.
Así, Blanco-Morales ha defendido que con el nuevo sistema, Extremadura deberá no solo «contar con los recursos necesarios para financiar la educación, la sanidad o las políticas sociales», sino también disponer de los fondos que le «permitan proteger el medio ambiente, garantizar el derecho a una vivienda digna, promover el crecimiento, o crear empleo», y todo ello «con un nivel equivalente en toda España».
Por esta razón, ha reafirmado que la Junta de Extremadura «solo apoyará un sistema que garantice la nivelación de todos los servicios y políticas que atañen a las Comunidades Autónomas», tras lo que ha abogado por centrar la discusión en «garantizar a las regiones los fondos que necesitan para que sus ciudadanos disfruten de unos buenos servicios públicos», y «no en si van a tener más o menos autonomía fiscal».
Así, Blanco-Morales ha abogado por que el diseño del nuevo sistema de financiación «se base no en la capacidad tributaria de las regiones, sino en la valoración de sus necesidades de gasto», ha señalado.
En ese sentido, ha defendido que factores como la densidad de la población, su envejecimiento y la extensión del territorio «influyen decisivamente en las necesidades de gasto ligadas a la prestación de los servicios públicos», por lo que ha reclamado que el nuevo sistema valore «del modo más exacto posible» lo que cuesta a las CC.AA. procurar a sus ciudadanos «un nivel equivalente de todos y cada uno de los servicios y políticas que tienen encomendados».
Por este motivo, el nuevo modelo «debería incluir indicadores objetivos específicos» sobre lo que cuesta cada competencia para «evaluar correctamente los costes reales de prestación y acceso a todos los servicios públicos».
Por otra parte, y respecto a un posible incremento de la autonomía financiera de las CC.AA., tanto en términos de una mayor participación en la recaudación tributaria como de competencia normativa, la Junta de Extremadura considera que «por encima de un cierto grado», se «pondría en riesgo la capacidad de algunas regiones para prestar todos los servicios que les competen a un nivel equivalente», así como que se «diluiría la función redistribuidora del Gobierno central, y reforzaría la sensación de que unas CC.AA. financian a otras».
En ese sentido, ha defendido que el margen que el sistema de financiación conceda a las regiones para desplegar una política fiscal acorde a las prioridades de sus ciudadanos «no puede ser tan amplio que acabe por alentar una competencia en el diseño de los impuestos», cuyas consecuencias, según ha alertado, serían «la merma de la recaudación y los incentivos a la deslocalización de personas y empresas».
De esta forma se generaría «una carrera absurda para ver quien baja más los impuestos», lo cual «rompería lo que tanto ha costado construir», ha alertado la vicepresidenta extremeña, quien ha advertido que esta situación «abocaría a la quiebra del Estado de las Autonomías y su transformación en una especie de Estado Confederal», ha concluido.