La junta de Codere ratifica el acuerdo de reestructuración y los fundadores amenazan con acciones legales

La junta general extraordinaria de accionistas de Codere ha ratificado la suscripción por parte de la empresa al acuerdo lock-up para su reestructuración financiera, por el que se inyectarán 225 millones de euros adicionales en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de deuda, correspondientes a parte de los bonos senior garantizados ya existentes, según ha informado en un comunicado.

El acuerdo, no obstante, se ha encontrado con la oposición frontal de los fundadores de la empresa de juegos y casinos, la familia Martínez Sampedro, que han afirmado que procederán a emprender las oportunas acciones legales ante la Justicia, al considerar que hará que algunos accionistas «se queden con el 95% de la compañía sin presentar a la junta una valoración de Codere que sirva de referencia a tan drástica y perjudicial propuesta».

Y es que, una vez liquidado el acuerdo de reestructuración, se creará una nueva cabecera del grupo a través de la cual los acreedores de los bonos senior garantizados existentes pasarán a tener un 95% del capital social y los accionistas un 5%, obteniendo a su vez warrants que les otorgan derecho a recibir un 15% de una valoración superior a los 220 millones en un eventual evento de liquidez en el plazo de diez años.

Actualmente, la familia fundadora de Codere mantiene una participación del 14,06% en la empresa, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía prevé solicitar a su vez la liquidación de Codere, proceso que permitiría que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo u, opcionalmente, una compensación económica que resultaría de la venta de la venta de la parte proporcional de sus acciones.

El expresidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, ha denunciado en la junta que los acreedores «tienen prisa» para quedarse con Codere a una valoración mínima que ni siquiera cuenta con un informe de valoración independiente y cuya ejecución se ha realizado exclusivamente en inglés como único vehículo de información, lo que «entraña ocultar información a los accionistas españoles».

La junta, sin embargo, ha indicado que con el acuerdo, que prevé finalizar el proceso de reestructuración a finales de este año, la deuda del grupo se situará en niveles «sostenibles» una vez se haya normalizado el negocio. El vencimiento de la deuda remanente se extenderá hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027.

La familia Martínez Sampedro ha señalado además que el acuerdo de lock-up aprobado hoy por la junta de accionistas de Codere contiene «claras inconsistencias» al incumplir el acuerdo anterior, de julio de 2020, hace apenas nueve meses, por el que se aseguraba financiación para la compañía de cara a los próximos tres años.

«Los acreedores han incumplido su responsabilidad de lenders liability por la que se debería dar un aplazamiento, mientras Codere no pueda operar con normalidad, tal como se está haciendo por la práctica totalidad de los acreedores», han apuntado los fundadores.

Los Martínez Sampedro han declarado que este acuerdo «puede ser ilegal», a tenor de la interpretación de varios aspectos regulados por la ley española, ya que se presenta «en beneficio de unos pocos accionistas que aparentemente tienen interés común con los acreedores que se benefician de este nuevo lock-up , totalmente incompatible con el acordado el pasado 13 de julio».

El ingreso de los nuevos fondos se dará a través de un préstamo puente de 100 millones de euros, de los cuales 30 millones se aportaron tras el anuncio de reestructuración el pasado mes de abril y los restantes 70 millones lo serán tras obtenerse la adhesión del 75% de los acreedores.

Adicionalmente, la empresa contará con 125 millones adicionales concedidos a través de bonos súper senior que se proporcionarán al cierre del periodo de reestructuración.

Codere ha enfatizado que este acuerdo «asegura la viabilidad de la compañía, gracias a la confianza de sus bonistas, en las perspectivas del grupo, en su equipo gestor y en los más de 10.000 empleados que integran la organización».