La JEC dice que el diputado de la CUP condenado debe perder el escaño y pregunta al Parlament si ya está con ello
La Junta Electoral Central (JEC) considera que el diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia cuando era concejal en Lleida, debe perder el escaño que ocupa en el Parlament y ha pedido a la cámara autonómica que informe de las decisiones que ha tomado sobre este caso.
Pau Juvillà Ballester, que también es secretario de la Mesa del Parlament, fue condenado la pasada semana por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por negarse a cumplir las resoluciones que exigían la retirada de lazos amarillos en el ayuntamiento de Lleida en 2019.
Tanto Ciudadanos como Vox y el PP reclamaron que, en consecuencia, se le retirara el acta de diputado del Parlament por incurrir en causa de inelegibilidad sobrevenida y elevaron un escrito a la Junta Electoral Central para pronunciarse sobre el tema.
En una resolución adoptada este miércoles y recogida por Europa Press, la JEC da la razón a los tres partidos y recuerda que el delito de desobediencia por el que ha sido condenado Juvillà está dentro del capítulo de delitos contra la administración y, por tanto, conforme a la ley su condena se convierte en causa de inelegibiidad aunque la sentencia del TSJC no sea firme porque quepa recurso ante el supremo.
El organismo arbitral que preside el magistrado Miguel Colmenero entiende que la jurisprudencia da la razón a Cs, PP y Vox y que, en cumplimiento de la sentencia y de la ley electoral, el diputado de la CUP debe perder el escaño. «Las causas de inelegibilidad establecidas tienen eficacia ex lege y constituyen, por tanto, una consecuencia automática de la pena impuesta por la sentencia», recuerda, remitiéndose al precedente de la pérdida de escaño de Quim Torra por desobedecer a la Junta Electoral.
Como Ciudadanos ya pidió la retirada del escaño a la Mesa del Parlament, la JEC se ha dirigido a la presidenta de la institución, la independentista Laura Borràs, de Junts, para que, en el plazo de diez días hábiles, «comunique las decisiones, resoluciones o cualesquiera otras medidas que esa institución haya podido adoptar en relación con este asunto, así como las alegaciones que, en su caso, desee formular, todo ello en orden a poder adoptar una decisión sobre esta cuestión».
