La izquierda ya tumbó años atrás en las Cortes autonómicas la reducción de diputados que han pactado PP y Vox en Madrid

El PSOE e IU también se opusieron a la reducción propuesta en 2012 por Esperanza Aguirre

El pacto alcanzado entre el PP y Vox en la Comunidad de Madrid para reducir los diputados en la Asamblea resucita un planteamiento que los populares ya llevaron a los Parlamentos autonómicos en los primeros años de la década de 2010, durante la crisis económica, y que, en muchos casos, no prosperó por el rechazo frontal de los partidos de izquierda que en ese momento se encontraban en la oposición, como el PSOE e Izquierda Unida, entre otros.

En otros casos, como Castilla-La Mancha, durante el mandato de María Dolores de Cospedal, o Cantabria, bajo la Presidencia de Ignacio Diego, el Partido Popular sí que consiguió sacar adelante con su mayoría en estos parlamentos la reducción de diputados autonómicos, que en el caso de la comunidad castellanomanchega se redujo en el 2014 de 49 a 33 escaños, mientras que el Parlamento cántabro recortó a partir de 2015 cuatro diputados, hasta los 35 escaños en la actualidad, el mínimo contemplado en su Estatuto de Autonomía.

En la actualidad, el PP de Isabel Díaz Ayuso alcanzó un acuerdo con la formación de Santiago Abascal para reducir en la Asamblea de Madrid el número de escaños, pero, para conseguir aprobarlo, se requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara, por lo que necesitaría el respaldo de un grupo de la oposición –Más Madrid, PSOE o Unidas Podemos–.

Sin embargo, estas formaciones ya han avanzado su rechazo a este acuerdo entre PP y Vox, llegando algunas de ellas a tildar esta propuesta de «populista», si bien la portavoz socialista, Hana Jalloul, les ha emplazado a que expliquen a su grupo en qué consiste esta iniciativa.

ANTIGUA REIVINDICACIÓN DEL PP

En el año 2012, la dirección nacional del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, aprobó una propuesta del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, para llevar iniciativas a los Parlamentos autonómicos con la intención de reducir el número de parlamentarios, así como los gastos de las Cámaras.

Este planteamiento de los populares , que en ese momento se encontraban en la Presidencia del Gobierno con Mariano Rajoy, pretendía adelgazar el número de escaños en los Parlamentos autonómicos y, de esa manera, reducir su gasto en un momento de crisis económica.

En cualquier caso, el PSOE y otros grupos de la izquierda ya avanzaron su rechazo a estas propuestas, que las calificaban de «populistas» y consiguieron que en la mayoría de los casos no salieran adelante en estos Parlamentos autonómicos.

TAMBIÉN LO INTENTÓ ESPERANZA AGUIRRE

En el año 2012, la por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso a los grupos parlamentarios que en ese momento conformaban la Asamblea de Madrid –PSOE, Izquierda Unida y UPYD– reformar el Estatuto de Autonomía para reducir los diputados autonómicos de 129 a 65.

En ese momento, el PP tenía 72 diputados y hubiera necesitado también a otro grupo de la Cámara para poder haber acometido esta reforma que reduciría el número de parlamentarios. El PSOE e IU tacharon la reforma de «oportunista» y consideraban que estaban intentando desviar la atención para no hablar del paro.

EN VARIOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

Uno de los precursores de esta iniciativa fue el mandatario autonómico popular de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, que en el año 2012 planteó en el Parlamento gallego una reforma en la ley electoral para reducir los escaños de 75 a 61. Los grupos de por aquel entonces, PSOE, Alternativa Galega de Esquerda y el BNG, se mostraron en contra y, en la actualidad, se mantienen los 75 diputados.

También en el año 2012, el PP de Navarra presentó diferentes iniciativas que contemplaban una reducción de diputados en el Parlamento de Navarra. Sin embargo, la mayoría de esta Cámara ya rechazó reducir de 50 a 43 los escaños.

En Aragón, cuando gobernaba el PP en el año 2014, se propuso reducir el número de escaños en la Cortes de Aragón, aunque solamente se podrían recortar dos diputados, hasta los 65, porque así lo recoge el Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, la iniciativa no llegó a prosperar.

Asimismo, el PP registró en La Rioja una proposición de ley para reformar el Estatuto de Autonomía, que planteaba la reducción del número de diputados de 33 a 25 diputados. Aquí, los socialistas se opusieron al considerarla «ilegal».

El expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, también registró una propuesta para modificar la Ley Electoral y el Reglamento de la Asamblea con la intención de reducir de 65 a 45 el número de diputados, aunque contó con el rechazo expreso del PSOE y de Izquierda Unida.

Otros presidentes del PP que lo plantearon, fueron el exjefe del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra y su homólogo en las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, aunque en ambos casos sus propuestas no llegaron a prosperar.

EL PP SE ABSTUVO EN ASTURIAS

Sin embargo, el año pasado, unos días antes de estallar la pandemia del COVID-19, el Parlamento de Asturias debatió y votó una iniciativa parlamentaria de la formación de Santiago Abascal para reducir de 45 a 35 el número de diputados autonómicos.

Esta propuesta tan solo contó con el apoyo de Foro Asturias, mientras que el PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU votaron en contra. Por su parte, los populares se abstuvieron, lo que provocó las críticas de los diputados de Vox.

COSPEDAL SÍ QUE CONSIGUIÓ SACARLO ADELANTE

En el año 2014, las Cortes de Castilla-La Mancha sacaron adelante, con el único apoyo del PP de María Dolores de Cospedal, la reforma del Estatuto castellanomanchego para reducir hasta 33 los diputados autonómicos.

En aquel entonces, el PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional esta reforma, que entendían que se trataba de un «pucherazo» por parte de María Dolores de Cospedal.

No obstante, la reducción de escaños en las Cortes de Castilla-La Mancha no consiguió que Cospedal continuara como presidenta autonómica, que, de hecho, perdió las elecciones en beneficio del actual jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page.