Pese al impulso de los Fondos Europeos, el esfuerzo inversor público, que cayó a la mitad tras la Gran Recesión, mantiene niveles bajos

La inversión pública en España se situó en 2022 un 55% por debajo del máximo alcanzado en 2009, según las conclusiones del análisis publicado en el nuevo número de Esenciales de Fundación BBVA.

La organización explica que, si en el periodo de 1995 a 2007 la media de inversión pública fue del 3,8%, en 2022 ha sido del 2,1%.

Así, el esfuerzo inversor público (peso de la inversión pública sobre el PIB) de España cayó a la mitad tras la llegada de la Gran Recesión y se mantiene en niveles bajos pese al reciente impulso de los fondos europeos Next Generation EU.

El análisis indica que, desde la entrada en la Unión Europea y hasta la llegada de la Gran Recesión, España a experimentó un proceso inversor muy intenso, tanto público como privado.

Tras este intenso proceso de la primera década del siglo, se produce un desplome a partir de 2011 por los ajustes llevados a cabo para reducir el déficit público, que no se observa en otras economías con una inversión pública que evoluciona de manera más regular.

Fundación BBVA señala que esta caída ha modificado la posición respecto a la media europea, que ha pasado de estar por encima a colocarse un punto por debajo en esfuerzo inversor público y alejarse más de 2 puntos de países como Suecia o Finlandia.

Por tanto, en 2022, las inversiones públicas todavía se situaban un 6% por debajo de su nivel en 1995 y la inversión en términos reales siguió un 55% por debajo del máximo alcanzado en 2009.

Esta fuerte caída de la inversión pública ha mantenido hasta 2020 la inversión neta en valores negativos y ha reducido el stock de capital público de la economía española, tanto de infraestructuras públicas de transporte (viarias, ferroviarias, aeroportuarias, etc.) como de tipo social (educativas, sanitarias, culturales, administrativas, etc.).

La consecuencia ha sido una menor contribución potencial de la inversión pública al crecimiento económico y a la mejora del bienestar.Por ello, dado que las reglas fiscales van a exigir ajustes en el gasto en un futuro próximo, la Fundación BBVA ve importante que contemplen como proteger la inversión pública.

INVERSIÓN PÚBLICA EN TRANSPORTES, UN 20% INFERIOR QUE EN 1995

El análisis también revela que la caída en inversión pública ha sido especialmente notable en el caso de las infraestructuras productivas, principalmente de transporte, mientras que las inversiones en infraestructuras sociales sufren un descenso más moderado y han concentrado la mayor parte de la recuperación de la inversión pública de los últimos años.

En 2022 la inversión en infraestructuras sociales ya había recuperado sus niveles de 1995 en términos reales, mientras que las productivas o de transporte se situaban todavía un 20% por debajo.

En términos de esfuerzo inversor (inversión pública/PIB), el perfil de la inversión pública es marcadamente procíclico, acentuando las fluctuaciones de la economía en lugar de amortiguarlas, añade.

En 1995 la inversión pública suponía un 3,8% del PIB, llegó a superar el 5% en 2009 y se desplomó posteriormente como consecuencia de los recortes del gasto público. En 2016 alcanzó su mínimo, 1,6%, explica.

En 2020 se observa un crecimiento que es debido principalmente a la caída del PIB que provocó la pandemia del Covid-19. Las inversiones asociadas al Plan de Recuperación Transformación y Resiliciencia de los últimos dos años no han conseguido mejoras sustanciales.

En 2022 el esfuerzo inversor público (2,1%) continuaba muy alejado de los niveles de principio de siglo y de la media europea, apunta.

CONTROL DEL DÉFICIT Y REDUCCIÓN EN INVERSIÓN PÚBLICA

La publicación de Fundación BBVA analiza asimismo la comparación entre la trayectoria de la inversión pública con la evolución del déficit, en la que se observa cómo el aumento del esfuerzo inversor público hasta la Gran Recesión coincide con un periodo de reducción del déficit, llegándose a alcanzar superávits entre 2005 y 2007.

El desplome de la inversión pública posterior viene determinado entonces por el crecimiento del déficit público que provocó la recesión (que llegó a ser del 11% en 2009) y las medidas para hacerle frente.

Desde ese momento, el control del déficit ha ido acompañado de una reducción de la inversiones públicas, siendo la aportación de estas muy relevante para ese control.

Este análisis también añade que este patrón no se observa en la mayoría de los países europeos, en los que la inversión no ha sufrido tantos altibajos.

En los años previos a la Gran Recesión y durante la misma el esfuerzo inversor público español logró situarse en el 4%, por encima del de la media de la UE-27 y de países como Alemania, y desde 2014 está en promedio casi un punto porcentual por debajo del esfuerzo inversor europeo.

Por último, señala que países como Suecia o Finlandia doblan el esfuerzo inversor de España, y que Francia y Países Bajos han conseguido mantener un esfuerzo inversor público similar al del periodo precrisis, lo que les ha permitido preservar y mejorar sus infraestructuras y los servicios que estas prestan.

Los ajustes de gasto que tuvieron que realizar los distintos niveles de gobierno -central, regional y local- para limitar los fuertes desequilibrios fiscales aparecidos a partir de 2008 son la causa principal del desplome de la formación bruta de capital público en España durante la Gran Recesión y los años posteriores.