La Intervención controlará «a posteriori» el acuerdo con el Racing y si el informe es desvaforable se anulará

Lo ha anunciado Sota en el Pleno del Parlamento

El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha desvelado este lunes en el Pleno del Parlamento que la Intervención General controlará «a posteriori» el posible acuerdo con el Racing para la cesión de las marcas, y si lo informa desvaforablemente, «quedará sin efecto y se retrotraerás las actuaciones».

Según ha explicado, así lo acordado la junta universal de socios de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE), heredera de la antigua coordinadora de empresas públicas -CEP Cantabria-, que es quien debe autorizar la posible cesión, en una cláusula de «salvaguarda» para garantizar que «no se haga nada mal».

Literalmente, según ha dicho, ese «apartado» dice que el acuerdo «se deberá someter de forma inmediata al control de la Intervención General del Gobierno, y en caso de que resulte desfavorable, deberán resolverse los contratos sin indemnización ni compensación alguna para ninguna de las partes».

«Es la condición y garantía de que la Intervención General va a controlar este proceso y si hay algo que no se puede hacer, lo dejaremos de hacer», ha apostillado.

El consejero ha hecho estas afirmaciones en el Pleno del Parlamento, durante su respuesta a una interpelación del PP y una pregunta de Podemos sobre la negativa de la directora general de Economía a ostentar la presidencia de la OPE y si la misma guarda relación con el proceso del Racing.

Sota les ha emplazado a solicitar todos los informes sobre el tema en lugar de guiarse por las informaciones publicadas en algún medio de comunicación, que ha desmentido.

AUDITORÍA DE LA EDAR DE VUELTA OSTRERA

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado una proposición no de ley del PP que emplazaba al Gobierno a realizar una auditoría externa que certifique que el sistema de saneamiento de la cuenca Saja-Besaya funciona correctamente. La iniciativa, que únicamente ha recibido el apoyo del diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha decaído con el voto en contra de PRC, PSOE y Podemos y la abstención del diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio.

El ponente de la PNL y alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, ha dicho que su propuesta es «absolutamente compatible» con el encargo que la Consejería de Medio Ambiente ha hecho al Instituto de Hidráulica (IH) para el seguimiento mensual de las aguas que vierte la depuradora de Vuelta Ostrera en la ría de San Martín, encargo que le parece «bien» aunque considera que se ha quedado «en un paso inferior».

Desde el PSOE, Silvia Abascal ha acusado a Igual de crear «alarmismo», ha asegurado que todas las muestras de las aguas que vierte la depuradora están dentro de los límites permitido, que no se ha producido ningún vertido y que la «turbiez» de la ría se debe al movimiento de lodos por las lluvias. Ha recalcado además que el emisario submarino es la única solución posible «si queremos» que las aguas de la ría de San Martín tengan «la misma calidad» que las de la bahía de Santander.

También el PRC considera que con el acuerdo con el IH «se da respuesta a las necesidades de control de las aguas de la ría de San Martín y su entorno». «Esperemos que con las obras de saneamiento y el control correcto de funcionamiento de Vuelta Ostrera hasta que no exista otra alternativa, seamos capaces de no dar más disgustos e inquietar y preocupar a la ciudadanía», ha dicho José Miguel Fernández Viadero.

El portavoz del PP ha replicado al PSOE que traer al Parlamento la «preocupación» de hosteleros, comerciantes y otros colectivos de Suances «para que este verano no se repita la situación del año pasado, no es alarmar», ha dicho en alusión al episodio que obligó a cerrar la playa al baño.

FUNCIÓN PÚBLICA

Por otro lado, el PP ha interpelado al Gobierno sobre el retraso de más de un año en el nombramiento como funcionarios de las personas que han superado las oposiciones. Ha contestado el consejero de Obras Públicas, el regionalista José María Mazón, en sustitución del titular de la cartera de Presidencia, Rafael de la Sierra.

Mazón ha relatado los procedimientos realizados y ha reprochado al PP que cuestione la política de función pública del Gobierno después de haber materializado en la anterior legislatura «un retroceso sin precedentes» en los derechos laborales y sociales de los empleados públicos. «No reconoce el problema», le ha replicado la diputada del PP Isabel Urrutia, quien ha anunciado que presentará una moción sobre este asunto la próxima semana.