La Interpol rechaza activar la búsqueda de los exministros de Bolivia Murillo y López
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha descartado este jueves activar la alerta azul contra el exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, huido del país hace unas semanas junto al anterior responsable de Defensa, Fernando López, mientras las autoridades les investigan por posibles irregularidades en la compra de equipo y material antidisturbios.
«La respuesta es negativa, no aceptaron difundir la notificación azul para buscar al señor Murillo y López, entonces esta documentación ya es de conocimiento del fiscal, la notificación no se pudo cumplir», ha explicado el director de Interpol en Bolivia, Pablo García.
Asimismo, García también ha comunicado que la petición de búsqueda y captura contra el anterior ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien se enfrenta a una denuncia por supuestas irregularidades en la contratación millonaria de seguros para la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante la pandemia, también ha sido rechazada.
Durante una conversación para la emisora Radio Éxito, García ha explicado que la negativa de Interpol radica en que considera estos supuestos delitos de carácter «político», el mismo argumento que utilizó para desestimar la detención del expresidente Evo Morales por sedición.
La decisión de Interpol se produce después de que a finales de noviembre, el propio García asegurara que el organismo había dado el visto bueno a la activación del sello azul, que sirve para «recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito».
Murillo y López están siendo investigados en Bolivia por la supuesta compra con sobrecoste de material antidisturbios para las Fuerzas Armadas y la Policía bolivianas. Ambos habrían salido del país el 5 de noviembre rumbo a Brasil, donde López seguiría, según la información que manejan las autoridades, mientras que Murillo, previo paso por Panamá, estaría ya en Estados Unidos.
En el caso de Zamora, después de que la Policía no le localizara en ninguna de sus residencias en Bolivia, decretó su búsqueda, debido a los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción que habría cometido en la compra directa de bienes y servicios de seguros por valor de 49 millones de bolivianos (unos seis millones de euros) durante la crisis del coronavirus, a pesar de contravenir las normas de contratación de la petrolera.
