La Inspección de Trabajo en Cantabria aflora más de 7,6 millones en fraudes y sanciones hasta octubre
Se ha regularizado la situación laboral de 5.832 trabajadores
La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria entre enero y octubre de 2021 ha permitido aflorar más de 7,6 millones de euros en fraudes y sanciones y ha regularizado la situación laboral de 5.832 trabajadores.
Así lo han destacado la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, este martes en rueda de prensa, en la que también ha participado el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez.
Quiñones y Álvarez han repasado la actividad desarrollada por este organismo en materia de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, Seguridad Social, economía irregular y Extranjería, tras la celebración ayer de la Comisión Operativa Autonómica de Cantabria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Según han explicado, la labor inspectora hasta octubre ha permitido regularizar la situación laboral de 5.832 trabajadores y de los más de 7,6 millones de euros que se han recaudado 5,39 corresponden a liquidaciones de la Seguridad Social y más de 2,2 millones a sanciones.
Gálvez ha destacado que este año han tenido «especial complicaciones» en el área de las plataformas y comercio electrónico y situaciones «fronterizas» con el derecho laboral, como los becarios o falsos autónomos.
En cuanto a la comparativa con 2020, ha señalado que en materia de recaudación «ha bajado algo», mientras que han aumentado las cuantías de las sanciones, así como los trabajadores afectados por las mismas.
En concreto, en 2020 hasta el cierre de octubre la Inspección afloró casi 10 millones de euros en fraudes y sanciones y regularizó la situación laboral de 2.698 trabajadores.
La delegada ha destacado que las cifras de 2021 se han logrado gracias al «excelente» trabajo de los inspectores y subinspectores de la administración, que realizan un «importante y valioso» trabajo conjunto en la lucha contra la precariedad laboral y el fraude.
En la misma línea, la consejera ha ensalzado que los resultados obtenidos «demuestran no solo la importancia de la Inspección de Trabajo sino la necesidad de seguir intensificando la vigilancia de la normativa laboral». «La Inspección la tenemos que ver como un apoyo a los trabajadores y trabajadoras y también a las empresas porque combate la competencia desleal que le hacen otras empresas que no cumplen la normativa laboral», ha dicho.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
En el área de Prevención de Riesgos Laborales, se han desarrollado 30 campañas sobre condiciones materiales de seguridad y salud en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes de trabajo e investigación de enfermedades profesionales; y la Inspección ha efectuado más de 4.600 actuaciones, ha extendido 1.209 requerimientos y ha tramitado 126 denuncias, cuyas sanciones han ascendido a 724.276,50 euros.
Respecto al área de Empleo y Relaciones Laborales, la Inspección ha efectuado más de 1.300 actuaciones y ha extendido 288 requerimientos, tras los que se han transformado en indefinidos un total de 498 contratos que se encontraban en situación irregular. Además, a través del Plan de Choque con el Fraude en la Contratación Temporal se han regularizado otros 1.347 contratos. En esta área se han impuesto sanciones por 169.862 euros.
SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE LA ECONOMÍA IRREGULAR Y EXTRANJERÍA
En cuanto a las materias estatales enmarcadas en el trabajo de la Inspección, dentro del área de Seguridad Social se han realizado 4.451 actuaciones y se han detectado un total de 311 infracciones, con alrededor de un millón de euros en sanciones y 2.083 trabajadores afectados.
Se han efectuado liquidaciones por una cuantía de 5.394.660 euros ante casos de falta de cotización a la Seguridad Social, extendiéndose 69 requerimientos contra empresas por incumplimientos en la normativa.
Además, en materia de Economía Irregular y Extranjería se han detectado 34 infracciones que han afectado a un total de 1.904 trabajadores, sancionándose a los empleadores que ocupaban irregularmente a los mismos con algo más de 315.000 euros.
ACTUACIONES PARA 2022
De cara a los objetivos de 2022, Gálvez ha avanzado que se ha acordado la realización de 103 campañas con un total de 6.960 órdenes de servicio a cumplimentar por el sistema de Inspección en Cantabria.
Ha señalado que destacarán actuaciones de prevención de riesgos en materia de género, peluquerías, construcción en investigación especial de accidentes leves y plan de choque contra la siniestralidad mortal.
En materia laboral, se actuará preferentemente en el control de tiempo de trabajo y registro de jornada, contratación, salarios y planes de igualdad.
En cuanto a la Seguridad Social, la lucha contra el fraude, el empleo irregular y las empresas ficticias serán los ejes básicos de actuación. Y en materia de economía irregular se actuará en sectores de actividad con situaciones irregulares, becarios y plataformas y comercio electrónico.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 2021-2023
Quiñones ha recordado que el pasado Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023, un organismo «clave» para la defensa de los derechos laborales que es necesario «fortalecer» con «transformaciones estructurales» que permitan «readaptar» su actividad, teniendo en cuenta los cambios económicos y sociales que se han visto «acelerados» con la pandemia del Covid.
El plan contempla «profundas» mejoras estructurales y operativas, que reforzarán la actuación inspectora en el proceso de recuperación, entre las que se contemplan la renovación de estrategias y planes de intervención para hacer frente a las formas de fraude laboral más novedosas.
Además, se va a crear la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, una unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional, se impulsarán las nuevas tecnologías y el big data en el diseño de las actuaciones inspectoras y se reforzará la intervención de la Inspección en los despidos colectivos en las suspensiones de contratos, entre otras medidas.
