La Inspección de Trabajo afloró en Cantabria 2,3 millones en fraudes y sanciones en 2024
Las infracciones crecieron un 62% y el importe de las multas un 52%
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó fraudes e impuso sanciones por importe de 2.346.732 euros en Cantabria en 2024, año en el que las infracciones crecieron un 62%, el importe de las multas un 52% y los requerimientos extendidos un 24%.
El Gobierno de Cantabria ha ofrecido estos datos en el encuentro anual que ha mantenido con los agentes sociales de la región para dar cuenta de los resultados de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria en materia de actuación inspectora sobre prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales.
En concreto, en materia de prevención de riesgos laborales se realizaron el año pasado un total de 31 campañas sobre condiciones materiales de seguridad y salud en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes de trabajo e investigación de enfermedades profesionales.
De ellas se derivaron 6.092 actuaciones, 1.776 requerimientos, 208 segundas visitas de inspección y 269 denuncias que se han materializado en 1.865 euros en sanciones.
Todo ello se ha traducido en un incremento de la actuación inspectora en Cantabria, entre actas, requerimientos y recargos, de entre un 20 y un 40%.
Unas cifras que, como señala el Gobierno, ponen en valor el impacto que ha tenido la implantación en Cantabria del Cuerpo de subinspectores laborales en la escala de Seguridad y Salud, además de la puesta en marcha del Plan de Investigación de Enfermedades Profesionales, en colaboración con el Instituto Cántabros de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).
Respecto al empleo y las relaciones laborales, la Inspección de Trabajo ha actuado en 29 campañas en materia de contratación, condiciones de trabajo, igualdad efectiva entre hombres y mujeres y control de ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas, realizando un total de 1.926 actuaciones, entre transgresión de la normativa sobre contratación, tiempo de trabajo, salarios, recibos y finiquitos.
Además, se realizaron 445 requerimientos que han servido para convertir en indefinidos de 1.470 contratos que se encontraban en situación irregular, 486 denuncias en materia de relaciones laborales, la recuperación de salarios impagados a trabajadores por un importe de 572.082 euros, y la imposición de sanciones por un valor de 481.162 euros.
Todo ello supone un incremento de la actuación inspectora en actas, requerimientos y cuantías, con una subida de entre un 6 y un 21%, y los afectados por las actuaciones inspectoras también crecieron en un 47%.
