La industria de alimentación y bebidas dice que el coste efectivo de producción crea «inseguridad jurídica»

Apuesta por reforzar el papel sancionador de la AICA

La industria de la alimentación y bebidas españolas ha asegurado que el coste efectivo de producción, que figura en la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, crea «inseguridad jurídica» y será de difícil aplicación, y ha instado a reforzar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como órgano sancionador para que la nueva normativa equilibre las relaciones de los eslabones del sector agroalimentario.

Así, lo ha asegurado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. «Sin lugar a dudas, la FIAB considera imprescindible la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria, porque sí que hace falta una norma que regule el equilibrio de los distintos eslabones, pero queremos que sea efectiva y eficaz», ha recalcado.

«El coste efectivo de producción como está definido hoy nos parece que crea inseguridad jurídica y nos deja en desventaja. Hay que regular muy bien para asegurar que la posición domininante no altera el equilibrio normal de las cosas, pero solo decir que cubra los costes de producción crea una inseguridad jurídica tremenda y resta competitividad. Vemos una difícil aplicación práctica», ha explicado García de Quevedo durante su intervención.

De esta forma, FIAB subraya la importancia de reforzar el papel de la AICA, que es una figura «clave» para alcanzar el equilibrio en la cadena alimentaria. «Sin un organismo sancionador y de inspección, esta Ley no tendría sentido, hay que reformar su papel», ha recalcado, al tiempo que ha reconocido que ellos también han recibido multas de la agencia.

«Lo que queremos es equilibrar los eslabones de la cadena y eso se hace con una regulación específica que determine la relación entre los operadores de cómo se tiene que llevar a cabo y teniendo un órgano sancionador y de inspección», ha subrayado.

VENTA A PÉRDIDAS

Por otro lado, García de Quevedo ha señalado que la normativa debería abordar la regulación de las promociones agresivas y la venta a pérdidas, incluyendo al último eslabón de la cadena, tanto en la Ley de comercio minorista como en la de la cadena alimentaria. «Nos parece fundamental incluir en la ley que la creación de valor sea segura hasta la transación del distribuidor y el consumidor final», ha asegurado.

«No vale de nada si yo mañana tengo que vender un producto muy emblemático de la cesta de la compra y como quiero ganar cuota de mercado, yo como distribuidor final, lo pongo a un precio muy agresivo. Ese precio hace que el valor de la mercancia en el consumidor final queda desajustado y el margen lo va a pagar el más débil», ha explicado.

FIAB aboga por incorporar en la nueva norma alguna práctica desleal nueva, así como pasar alguna de las que figuran en la lista gris a la lista negra, y que se asegure la confidencialidad de la identidad del denunciante durante todo el proceso de control de la AICA.

Además insta a que en la reforma de la Ley se contemple la inclusión de las cooperativas y que estén sujetas a las mismas normas que el resto, así como que se asegure un plazo de pagos sensatos y acordes a la realidad del mercado, ya que debe contemplar que los productos frescos que se venden para transformación puedan aumentar los plazos de pago hasta los 60 días como el resto de productos.

Por último, la industria de alimentación y bebidas apela por «mantener el espíritu inicial de la ley», apostar por el consenso entre todos los eslabones como ocurrió en 2013 y que la reforma de la normativa «no obvie la realidad del mercado para que sea garantía de éxito». «Competimos en un mercado europeo y global», ha recalcado García de Quevedo.