La Guardia Civil ultima un protocolo que unifica la actuación en violencia de género remitiendo novedades a la directora

La Guardia Civil trabaja con las asociaciones profesionales para aprobar un protocolo interno que unifica los criterios de actuación ante casos de violencia de género, también en el seno del Instituto Armado, obligando a remitir las novedades directamente a la directora general del Cuerpo, María Gámez, para que pueda adoptar medidas «en el ámbito de sus competencias».

Entre esas medidas se recuerda que la Guardia Civil puede ordenar la retirada inmediata y con carácter cautelar del arma a los agentes ante cualquier «situación susceptible» de constituir un acto de violencia de género, según el borrador al que ha tenido acceso Europa Press.

El texto es de aplicación «en las situaciones en que una guardia civil sea víctima de violencia, de cualquier naturaleza, derivada de manifestaciones de discriminación, desigualdad y dominio de hombres sobre mujeres por el hecho de serlo».

«Cualquier situación susceptible de constituir acto de violencia sobre la mujer cuyo autor pueda ser un guardia civil conllevará la retirada inmediata y con carácter cautelar de sus armas oficiales y particulares, con arreglo a los procedimientos previstos ante conductas anómalas que afecten a los guardias civiles», recoge el texto sobre el que se trabaja internamente, sin que sea aún oficial, según remarcan fuentes del Instituto Armado.

El documento recoge medidas para los guardias civiles con procedimientos abiertos por violencia de género o que se le atribuya la «presunta comisión de un delito de violencia sobre la mujer» para vigilar que se cumple con las órdenes de alejamiento, en el caso de que se así se dicte. También se menciona la necesidad de apartar de sus funciones al agente si forma parte de áreas especializadas en el ámbito mujer-menor.

La propuesta, adelantada por la Cadena Ser, incluye medidas para aplicar en los guardias civiles «ante la presunta atribución o comisión de conductas violentas de esta índole, así como en los supuestos en que sea objeto de medidas cautelares, penas o sanciones a raíz de ellas». Además, se ordena que se remita comunicación a la directora general para que pueda adoptar medidas «en el ámbito de sus competencias».

VALORACIÓN DE ASOCIACIONES

La decisión de tener que elevar información directamente a la directora general, María Gámez, de cualquier caso de violencia de género es valorada positivamente por asociaciones profesiones como la mayoritaria AUGC.

Esta asociación sostiene que ya en noviembre del año pasado apostó por crear un protocolo interno de actuación «encaminado no sólo a las víctimas, sino también para las personas encargadas de cursar la documentación o tomar decisiones cuando la víctima es una mujer guardia civil», según ha señalado el portavoz de AUGC, Pedro Carmona.

En el documento se cita declaraciones de Naciones Unidas, la ley contra la violencia de género de 2004, el Pacto de Estado aprobado en esta materia o el Plan de Igualdad de la Guardia Civil de julio de 2019 –así como el plan de acción de noviembre de 2020– para «mejorar la prevención y erradicación de los distintos tipos de acoso, las actitudes sexistas o el trato discriminatorio por razón de sexo, género u orientación sexual».

«PROBLEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD»

«El protocolo», recoge el texto del borrador, «se dirige de forma genérica a cualquier violencia que afecta las mujeres como colectivo de manera desproporcionada, que se ejerce sobre ellas en razón de su condición femenina y que no se ciñe a la producida en el ámbito de las relaciones de pareja, sino que incluye tanto la vertiente privada o doméstica como la pública».

En este sentido, se subraya que se trata de «un problema público de seguridad y vulneración de derechos fundamentales», ya que la violencia de género comprende la que tiene por objetivo causar perjuicio o daño a los mujeres y también a sus familiares y allegados menores de edad.

La Guardia Civil quiere que se «desechen actitudes que prejuzguen, presupongan la culpabilidad o resten importancia o defiendan de forma irreflexiva o sesgada a las personas que se vean afectadas por situaciones de esta naturaleza», asegurando que «prevalece el interés de la víctima» respetando con imparcialidad la confidencialidad y el «respeto en el trato con quienes resulten afectados».

En este sentido, relata diferentes situaciones de violencia física o sexual, citando también las de tipo psicológico, económico o digital, por el control del entorno de las nuevas tecnologías de la víctima.