La funcionaria que vigila los conflictos de intereses de altos cargos defiende su independencia en el Congreso

Asegura que si hay pocas incompatibilidades es porque los altos cargos consultan antes y saben lo que no pueden hacer

La subdirectora general de la Oficina de Conflictos de Intereses y candidata del Gobierno para dirigir este organismo, Flor López Laguna, ha defendido este martes en el Congreso que ejerce su labor con independencia y que «jamás en la vida» ha recibido órdenes por parte del Gobierno de turno.

Así se ha pronunciado López durante su comparecencia en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, donde se ha sometido al examen de idoneidad preceptivo y ha contestado a las preguntas de los diputados. Cuando el diputado de Ciudadanos Vicente Ten le ha preguntado si se producen «intromisiones políticas en su labor».

López ha aclarado que «jamás en la vida» ha recibido ese tipo de órdenes. «Y no solamente yo, sino el resto de funcionarios, que estamos solo sometidos al ordenamiento jurídico», ha asegurado la subdirectora de la oficina encargada de vigilar las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos.

SÓLO SE VETAN DOS DE CADA 100

El mismo diputado de Cs ha preguntado a la subdirectora de la Oficina por qué desde 2006 el órgano solo ha vetado el 2% de las solicitudes de incompatibilidad presentadas por antiguos altos cargos del Gobierno (453 de unas 16.000). López ha explicado que eso se debe a que los altos cargos «saben perfectamente sus obligaciones» y preguntan a la Oficina «qué se puede hacer y qué no», de manera que cuando les dicen que no pueden realizar una actividad profesional determinada, no la realizan.

López también se ha referido al informe que el Tribunal de Cuentas sobre la Oficina de Conflicto de Intereses del periodo 2012-2012, según el cual este organismo, adscrito al Ministerio de Hacienda, no verificaba las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado, ni tampoco buscaba posibles omisiones en los mismos.

Según ha señalado, la Oficina aplica «la legislación que hay» y el propio informe dice que su actuación se adecúa a la legalidad. En cualquier caso, ha destacado que ya se están aplicando algunas de las recomendaciones propuestas por el Tribunal de Cuentas.

21 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN 12 AÑOS

Por otro lado, López ha indicado que la Oficina lleva a cabo actuaciones de oficio si, por ejemplo, encuentra en el Registro Mercantil algún dato que pueda dar lugar a un procedimiento sancionador. Según ha precisado, desde 2006 se han incoado 21 procedimientos sancionadores.

La candidata del Gobierno ha explicado que lleva once años interrumpidos al frente de la Oficina, aunque a partir de ahora lo hará con rango de directora general, ya que hasta ahora este organismo tenía nivel de subdirección general.

«Mi vocación es el servicio público, yo defiendo lo público y lucho por una Administración moderna, abierta, eficiente y eficaz, volcada al servicio de los ciudadanos», ha manifestado, añadiendo que «si hay actuaciones que no son adecuadas», serán «perseguidas, corregidas y, en su caso, sancionadas».

Para ello, este organismo actúa como «cortafuegos», con mecanismos para detectar, evitar, corregir y sancionar los conflictos entre los intereses personales, profesonales o sociales que eventualmente puedan tener los altos cargos y los empleados públicos y el interés general.

Tras su comparecencia en el Congreso, que examina si su experiencia, formación y capacidad son adecuados para el cargo, López será propuesta por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en un próximo Consejo de Ministros.