La Fiscalía vasca creará un registro específico sobre delitos de odio para superar los «escollos» del sistema actual

Carmen Adán alerta sobre el aumento en la utilización de menores para prácticas de prostitución y la pornografía

VITORIA, 1

La Fiscalía del País Vasco prevé crear en el primer semestre de 2022 un registro específico sobre delitos de odio con el fin de integrar en él todas las conductas delictivas con móvil discriminatorio. A través de esta herramienta se pretende superar las «escollos» que presenta el sistema informático actual para catalogar este tipo de vulneraciones de derechos.

La puesta en marcha de este registro ha sido anunciada por la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, en una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, en la que también ha lanzado un mensaje de «alerta» ante el aumento en la utilización de menores de edad para prácticas relacionadas con la prostitución y la pornografía.

Adán ha repasado en su comparecencia los contenidos de la memoria sobre la actividad de la Fiscalía en 2020, que fue publicada el pasado mes de septiembre. En una línea similar a lo planteado en uno de los apartados de dicho documento, la fiscal superior ha reconocido que «es muy difícil hacer un catálogo real» sobre los delitos de odio que se producen.

Las dificultades, según ha explicado, se deben a los problemas que plantean los actuales sistemas informáticos de los organismos judiciales para actualizar la calificación de un determinado hecho delictivo cuando, en el transcurso de la investigación del mismo, se constata que puede tener una motivación de odio.

REACCIÓN «RÁPIDA»

No obstante, ha destacado que la Fiscalía suele reaccionar de forma «muy rápida» ante los nuevos fenómenos que se detectan. De esa forma, ha informado de que, para el primer semestre de 2022, se prevé crear un registro específico en el que se incluyan «todos» los delitos de odio.

En dicho registro se inscribirán, no solo los delitos de odio tipificados como tales, sino también los hechos delictivos, incluso los leves, en los que exista un «móvil discriminatorio» por causas raciales, religiosas, ideológicas o de orientación sexual, entre otras.

A través de este registro se pretende acabar con un problema que, al margen de lo planteado este miércoles por Adán, ya se recogía en la memoria sobre las actividades de la Fiscalía vasca en 2020. En dicho documento se constata que «continua pendiente la actualización y mejora del sistema informático de las fiscalías de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

La memoria añade que sigue sin «mejorarse» el sistema de gestióninformático operativo JustiziaBat, del que se señala que «carece de aplicación que permita de forma eficaz el conocimiento,cuantificación y clasificación de los procedimientos penales que se llevan en las fiscalías provinciales por delitos de odio y discriminación».

Por otra parte, Adán ha afirmado que la Fiscalía vasca se mantiene «muy alerta» ante «el aumento en la utilización de menores de edad y discapaces en prácticas de prostitución y pornografía».

INTIMIDACIONES Y AMENAZAS A MENORES

«Llama la atención que la obtención de imágenes de menores, bien por engaño, por intimidación o amenazas para que el menor proporcione por redes sociales imágenes pornográficas, siga siendo un delito que no siempre se denuncia, que aparece incluso en ocasiones por conocimiento fuera de las familias», ha manifestado.

La fiscal superior se ha referido, asimismo, a la alusión que se incluye en la memoria del Ministerio Público a la labor de los distintos cuerpos policiales en la persecución de los delitos medioambientales.

«GUERRAS COMPETENCIALES»

La memoria de la Fiscalía alude en este apartado a las «disfunciones» de la Ertzaintza en el ámbito de las actuaciones contra delitos sobre el medio ambiente, mientras que el caso de la Guardia Civil subraya que «ha incrementado el número de intervenciones, fruto de derivaciones de la Fiscalía Coordinadora o de investigaciones propias en múltiples áreas».

Adán ha llamado a «evitar las guerras competenciales» entre distintos cuerpos policiales, dado que «de lo que se trata» es de que estos actúen con «eficacia» a la hora de proteger el interés público.

La fiscal superior ha subrayado la importancia de trabajar «en la misma dirección», y ha afirmado que los diferentes cuerpos de seguridad actúan «conjuntamente», especialmente en ámbitos como el de la protección del medio ambiente, en el que los delitos suelen afectar a varios territorios.