La Fiscalía salvadoreña registra oficinas gubernamentales por la presunta compra ilegal de medicamentos
La Fiscalía de El Salvador ha llevado a cabo este martes una serie de registros en una veintena de oficinas gubernamentales y ministerios del país en el marco de una investigación sobre la presunta compra ilegal de medicamentos y material sanitario en el marco de la pandemia de coronavirus.
Entre las dependencias registradas se encuentran el Ministerio de Sanidad, el de Medio Ambiente, Hacienda y Agricultura, entre otros. Según han revelado fuentes cercanas al asunto al diario local El Mundo , los fiscales se habrían hecho con documentación de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones.
El director de la Unidad Anticorrupción, Germán Arriaza, ha dicho que «la finalidad es recolectar toda documentación, toda información, soportes informáticos que permitan establecer circunstancias relacionadas con el manejo de la emergencia sanitaria en nuestro país».
Además, Arriaza ha señalado que se han realizado «poco más de 20 procedimientos en distintas instituciones que se están llevando a cabo siempre con la misma finalidad».
Sobre las operaciones de registro, Arriaza ha manifestado que «hay diversas instituciones que quizá por el momento en el que estamos ejecutando este procedimiento no es conveniente citarlas porque hay algunos que están en proceso de ingreso».
El pasado mes de junio, el fiscal general, Raúl Melara, anunció la apertura de una investigación sobre la compra de protectores faciales realizada por Sanidad por una cuantía de 250.000 dólares a una empresa del entonces presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Aguilar.
«Hemos abierto investigaciones en torno a noticias de negociaciones entre funcionarios y el Estado, es nuestra obligación legal hacerla», aseveró la Fiscalía a finales de junio. Ante esa situación, el presidente del país, Nayib Bukele, retiró del cargo a Aguilar por «una posible violacion a la Ley de Ética».
En relación con esto, el ministro de Sanidad, Francisco Alabí, ha indicado que los procesos de compras «ya están establecidos, no los maneja una parte específica del ministerio, hay un área designada para la evaluación».
Sin embargo, ese mismo mes, el periódico digital El Faro publicó que Sanidad había comprado 800.000 mascarillas a una empresa del diputado Gustavo Escalante y su familia por un valor de 344.000 dólares. A esto se suma la remodelación del despacho del ministro Alabí, que tendría un coste de 18.000 dólares, según El Diario de Hoy .
Por otra parte, el proceso de entrega de 300 dólares para las familias durante la pandemia también ha sido cuestionado. En los informes de auditoría desarrollados por la Corte de Cuentas aparece como supuesta irregularidad la entrega de esta cuantía y se resalta que no existe información sobre los criterios del Gobierno para seleccionar a los beneficiarios de dichas ayudas.
