La Fiscalía Europea contra el Fraude reclama normas más estrictas y acceso a bases de datos de la UE
BRUSELAS, 25
La fiscal europea contra el fraude, Laura Kovesi, ha reclamado este jueves normas «más estrictas», una actitud «más proactiva» por parte de las instituciones de la Unión Europea y acceso a sus bases de datos para reforzar el control financiero y lograr una mayor eficacia en la lucha contra el fraude.
«Debemos mejorar la detección del fraude comunitario: a nivel nacional, en particular, en lo que se refiere al fraude en los ingresos, y a nivel de la UE, en cuanto al fraude en los gastos», ha señalado Kovesi durante su comparecencia ante la comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo para hablar sobre fraudes relacionados con los fondos estructurales y de inversión.
La fiscal ha explicado que existe un «complejo» sistema de gestión y control financiero del gasto de la UE con el objetivo de garantizar que las cuentas comunitarias son «legales y regulares», aunque ha lamentado que ese sistema «no parece diseñado para detectar el fraude». «La delincuencia rara vez se detecta mediante auditorías o incluso investigaciones administrativas y se suele cometer de forma que se evite su detección», ha aseverado.
Kovesi ha indicado también que en la mayoría de las investigaciones sobre fraude en el gasto la Fiscalía europea se enfrenta a un perfil particular de delincuentes: «grupos organizados de personas con acceso privilegiado a la información o posiciones influyentes en la toma de decisiones que manipulan licitaciones o presentan documentos falsos».
«Casi dos años después del inicio de nuestra actividad vamos por buen camino, pero tenemos que hacer más. Necesitamos normas mucho más estrictas que sólo tienen los fiscales y jueces especializados», ha reconocido la fiscal.
También ha recordado que todas las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE tienen la obligación legal de informar a la Fiscalía «sin demora indebida» de cualquier sospecha de fraude que afecte a los intereses financieros de la UE. «Deberíamos poder obtener cualquier información relevante almacenada en sus bases de datos y las instituciones deberían tener una actitud mucho más proactiva», ha incidido.
En concreto, ha señalado a la Comisión Europea, quien decidió notificar estas sospechas de fraude a través de la Oficina Antifraude (OLAF), aunque, a juicio de Kovesi, la OLAF «no puede ser un filtro como tal», porque es la Fiscalía Europea quien debe evaluar si una sospecha de fraude es competencia suya o no. «Hacernos pasar por intermediarios nos complica la vida, no sólo a la hora de recabar información, sino también para recuperar los daños», ha apostillado.
