La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, ha anunciado este martes que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro quedarán apartadas del equipo especial que aborda el escándalo de corrupción judicial Los Cuellos Blancos del Puerto tras conocerse que ambas se reunieron en 2018 con el entonces presidente, Martín Vizcarra.

Ávalos, en una entrevista con RPP Noticias, ha tildado el encuentro entre Sánchez y Castro con Vizcarra como un «hecho de suma gravedad» y ha señalado que ha tomado la decisión de apartar a las fiscales del caso «en resguardo de la persecución eficiente de esta investigación histórica para el país».

La fiscal general se enteró de la reunión a partir de una entrevista de Sandra Castro, quien señalaba que el encuentro se produjo para pedir «ayuda» y «protección» al expresidente debido a que «había una gran mafia» en el marco de la investigación a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto , una red de favores que salpica a jueces, fiscales, políticos y empresarios y que se destapó en julio de 2018 por una investigación periodística que sacó a la luz unos audios de unas conversaciones entre altos cargos de la Judicatura con políticos y empresarios.

Tras la retirada de las fiscales, que se materializará este miércoles, el despacho de la fiscal general se ocupará del caso mientras se reemplaza al equipo especial que abordará la investigación.

«De un día para el otro no se puede elegir, tenemos que elegir muy bien lo ante posible», ha afirmado Ávalos al respecto para recordar que «nadie es indispensable en el cargo».

Asimismo, ha añadido que «si me hubiera enterado hace tiempo hubiera denunciado estos hechos» y ha incidido en que la situación «merece una investigación» a cargo de la Oficina de Control Interno y que «las fiscales salgan del equipo».

Por otro lado, la fiscal general ha negado las afirmaciones de Castro de que ella mantiene amistad con Vizcarra diciendo que «no hay ni una sola prueba que demuestre eso» y asegurando que se trata de «una leyenda».

Por su parte, Vizcarra, ahora candidato al Congreso de la República y envuelto en el escándalo del Vacunagate , ha confirmado la reunión con las fiscales, pero ha señalado que fue para solicitar medidas de protección porque estas «temían por su integridad».