La Fiscalía de Andorra pide ocho años de cárcel y 100 millones de multa para el ex ceo de BPA
El fiscal general también ha solicitado 10 años de inhabilitación para Joan Pau Miquel
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19
El fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, ha pedido ocho años de cárcel, 100 millones de multa y 10 años de inhabilitación para el ex ceo de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel.
Las peticiones las ha hecho públicas este martes el máximo responsable del ministerio público, que ya ha dado las calificaciones de los 11 principales encausados en el marco de la llamada causa general del Caso BPA , según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Alberca ha considerado que el ex ceo del banco intervenido es autor de un delito de blanqueo de dinero agravado por el hecho de realizarse en un establecimiento bancario y de forma habitual.
Por otro lado, el fiscal pide para el ex director adjunto de BPA, Santiago Rosselló, ocho años de cárcel, una multa de 70 millones y 10 años de inhabilitación.
La Fiscalía considera que Rosselló era «totalmente» conocedor de la operativa del banco y colaborador necesario, ha señalado Alberca.
Para la responsable de cumplimiento normativo, Isabel Sarmiento, y para los dos gestores de Rafael Pallardó, Amaya de Santiago y Sergi Fernández Genés, el ministerio público requiere una pena de siete años de prisión, 10 de inhabilitación y 70 millones de multa.
El fiscal también se ha pronunciado sobre un grupo de mandos intermedios del banco, responsables de distintas divisiones, que formaban parte del comité de prevención de blanqueo: les pide seis años de cárcel, 70 millones de multa y 10 años de inhabilitación, excepto en un caso, que la petición de cárcel es de cinco años porque considera que «no hay habitualidad».
Además, para todos los procesados que no tienen nacionalidad andorrana –tres de los 11 sobre los que se ha pronunciado hasta ahora el fiscal– les pide 20 años de expulsión del Principado.
El fiscal general continuará mañana su exposición porqué aún falta anunciar oficialmente la pena que pide para otros 13 procesados, la mayoría gestores, que participaron en algún intercambio dinerario.
