La FADSP ve una «buena noticia» la aprobación de la ley de eutanasia y recuerda que «no obliga a nadie»
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (FADSP) ha calificado como una «buena noticia» la aprobación de la ley de eutanasia, y ha recordado que «no obliga a nadie» y concede al profesional sanitario la posibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia con los únicos votos en contra de los diputados de PP y Vox. La iniciativa cumple así con la primera fase de su tramitación, que pasa ahora al Senado.
«La ley supone un alivio para todas aquellas personas que no quieren verse sometidas a un sufrimiento innecesario cuando no tienen otra alternativa razonable a su enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante», ha dicho la FADSP.
Además, prosigue, también supone un reconocimiento del derecho a decidir que asiste a cada persona en relación con el hecho de cuándo, cómo y dónde morir si se encuentra ante procesos, como los ya referidos, causantes de sufrimiento y pérdida de calidad de vida.
En este sentido, la organización ha señalado que los cambios de la ley durante su debate son «más bien de matiz» y responden sobre todo a criterios garantistas que son entendibles ante decisiones que por sus propias características son irreversibles.
«Consideramos importantes el que se garantice la información necesaria así como el que se hayan acotado los plazos, aunque la ausencia de terminalidad debería de haberse recogido de una manera más clara. La decisión del lugar donde debe practicarse la prestación tampoco esta claramente resuelto, y en todo caso deben de primarse las garantías sanitarias y la intimidad», ha añadido.
Asimismo, la FADSP ha comentado que la objeción de conciencia que entendemos debe garantizarse también debería ser regulada de manera «más detallada», y ha destacado la necesidad de que la normativa asegure el acceso a la prestación de todas las personas que reúnan los requisitos establecidos en todas las comunidades autónomas, y evitar las maniobras de dilación y/o entorpecimiento que es de esperar en algunas de ellas.
