La exhumación de Franco, la baza electoral que Sánchez pensó para abril, irrumpe ante el 10N por el calendario judicial

La batalla judicial iniciada por la familia del dictador impidió a Sánchez ejecutar la medida antes de las elecciones de primavera

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, iniciará la campaña electoral habiendo cumplido por fin su promesa de sacar a Franco del Valle de los Caídos, una bandera que originalmente previó blandir de cara a las elecciones de abril pasado y que los constantes recursos de la familia para impedir la medida le han devuelto como baza electoral para los comicios del próximo 10 de noviembre.

Tras llegar a La Moncloa vía una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que Sánchez presentó sin estar seguro de que prosperaría, el líder socialista y su entorno más próximo eran muy conscientes de que con tan sólo 84 diputados la acción del Ejecutivo en lo que quedaba de legislatura se iba a limitar a sacar al dictador del Valle de los Caídos y poco más.

Sin embargo, y como reconoció el propio Sánchez en una conversación informal con la prensa, el Ejecutivo pecó de ingenuidad al no imaginarse la férrea oposición que los nietos de Franco iban a ejercer para impedir la exhumación. Un enfrentamiento librado en los tribunales que perseguía doblarle el brazo al Gobierno y que, casualidades del destino, ha terminado devolviendo a Sánchez la oportunidad de presentar la exhumación como un triunfo justo antes de unas elecciones generales.

La larga batalla judicial iniciada por la familia para frenar la exhumación la terminó ganando el Gobierno el pasado 24 de septiembre, cuando el Tribunal Supremo avaló por unanimidad el procedimiento emprendido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio de El Pardo Mingorrubio, en lugar de a la catedral de La Almudena, como preferían los nietos del general.

El Ejecutivo nunca pensó, nada más llegar a La Moncloa, que la exhumación de Franco pudiera llegar a complicarse tanto. De hecho desconocían que la familia tenía a perpetuidad una sepultura en la cripta de la catedral de La Almudena, con capacidad para hasta cuatro cuerpos, y donde está enterrada la única hija del dictador, Carmen Franco, junto a su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde.

«Os pillará trabajando», se atrevió a vaticinar Sánchez en conversación informal con periodistas en junio de 2018, apuntando que la exhumación se concretaría antes del parón estival de agosto.

El Ejecutivo siempre pensó que la familia, cuando no le quedara más remedio, accedería a trasladar los restos de Franco al panteón del cementerio de El Pardo Mingorrubio donde está enterrada la mujer del dictador y que pertenecía a Patrimonio Nacional, ahora a Patrimonio del Estado.

Pero los planes de los nietos de Franco pasaban por enterrar a Franco , en caso de no parar la exhumación, en la cripta de La Almudena, junto a su hija, y trasladar luego allí a Carmen Polo desde el panteón de Mingorrubio.

Este descuido llevó a que el Gobierno sólo se reservase la competencia de decidir el lugar de reinhumación de los restos de Franco en caso de que la familia renunciase a hacerse cargo de ellos o no indicara en tiempo y forma al Ejecutivo dónde querría enterrarlo de nuevo. Pero nada se decía en el primer acuerdo del Consejo de Ministros sobre qué pasaría si el lugar escogido no era del agrado del Gobierno.

Por eso cuando la familia hizo público su deseo de enterrar a Franco en La Almudena, la primera reacción del Gobierno fue la de admitir que no podía hacer nada al respecto. «En principio el Gobierno no puede ir más allá de lo que su familia decide», admitió la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en Onda Cero, en la que indicó que si la Iglesia no tenía reparos en que fuera enterrado allí, el Gobierno tampoco podía hacer nada.

Esta posición cambió unos días después, tras una visita de la propia Calvo al Vaticano para entrevistarse con su secretario de Estado, Pietro Parolin, con el que acordó, según la versión de Calvo, trabajar para encontrar una salida al nuevo lugar de enterramiento de Franco que «obviamente» no podía ser La Almudena.

Las palabras de Calvo levantaron polvareda y obligaron al Vaticano a desmentirla, negando que se hubiesen pronunciado al respecto del nuevo lugar de enterramiento del dictador.

Más allá de la polémica sobre si la Iglesia ve bien o no que Franco sea llevado a La Almudena, a principios de 2019 la Delegación de Gobierno emitió un informe para desaconsejar por motivos de seguridad y de orden público el enterramiento de los restos del dictador en un lugar tan céntrico, un documento que la familia y su entorno consideraron que el Ejecutivo se «sacó de la manga» al verse sorprendido con la elección de esa ubicación.

EL AVAL SIN PEROS DEL SUPREMO

El supuesto derecho de la familia a elegir el lugar de enterramiento de los restos del dictador fue uno de los temas que más centró la discusión de los jueces del Supremo. Pero incluso en este caso el Alto Tribunal ha dado la razón al Gobierno.

Aun después de publicado el fallo, la familia Franco y su entorno siguieron presentando recursos para intentar frenar la exhumación, pero el Supremo aclaró que con su sentencia el Gobierno ya podía ejecutar su plan. De hecho, quedan algunos recursos pendientes que se resolverán la semana que viene, con los restos de Franco trasladados a Mingorrubio.

Tenga finalmente mayor o menor incidencia la exhumación en las generales del 10 de noviembre, este asunto es el que consigue poner en pie a la militancia y simpatizantes socialistas en los mítines de precampaña, por lo que el partido confía en que pueda ejercer de agente movilizador entre el electorado de izquierdas, precisamente el que podría estar más frustrado por la falta de entendimiento con Unidas Podemos para formar gobierno.