La Eurocámara reclama normas europeas para un mercado laboral más accesible a las personas con discapacidad

BRUSELAS, 13

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este martes normas europeas para un mercado laboral más accesible a las personas con discapacidad, como parte de los esfuerzos que la UE debe hacer para crear un nuevo marco socia, jurídico y político que refuerce los derechos del colectivo y acabe con estereotipos y la discriminación.

El informe adoptado con 526 votos a favor, 10 en contra y 83 abstenciones en el pleno celebrado en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados instan a la Comisión Europea a trabajar en un marco jurídico europeo que respalde a las empresas más inclusivas y también le piden que revise la directiva sobre igualdad en el empleo.

La posición parlamentaria apunta la necesidad de contar con un sistema que promueva la participación social basado en comunidades accesibles que ofrezcan los servicios y los cuidados necesarios, en consonancia con la Estrategia Europea de Discapacidad.

Además aboga por ampliar los beneficios de la futura tarjeta de discapacidad de la UE y que su introducción sea una obligación para los Estados miembro, al igual que las medidas para entornos educativos y servicios sanitarios inclusivos.

Por otro lado, los eurodiputados recuerdan que el Tribunal de Cuentas Europeo prepara una primera auditoría sobre cómo los fondos comunitarios contribuyen a garantizar la igualdad.

También emplazan a Bruselas a tomar medidas en caso de vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, por ejemplo con la suspensión o recuperación de fondos de la UE asignados a proyectos en los Estados miembro, para asegurar que ninguna iniciativa financiada con las arcas comunitarias conlleve segregación.

DISCRIMINACIÓN

Por otro lado, los eurodiputados han expresado su preocupación por la discriminación múltiple que sufren personas con discapacidad debido, por ejemplo, a motivos de género, raza, edad, religión u orientación sexual.

Apuntan en concreto a la violencia de género, así como a la denegación del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a la denegación del consentimiento informado sobre el uso de anticonceptivos y a la esterilización forzosa.

Asimismo reivindican que las personas con discapacidad deben poder votar y concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones.