La Estrategia de Accesibilidad Universal de Cantabria estará finalizada en el primer semestre de 2025
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha anunciado que en la redacción de la Estrategia de Accesibilidad Universal de Cantabria estará finalizada en el primer semestre de 2025.
La estrategia tiene los objetivos de defender los derechos e intereses de las personas con especial vulnerabilidad para mejorar sus condiciones de vida y facilitar su participación en la sociedad; y de servir de guía de referencia de la accesibilidad para la convivencia de la sociedad, los poderes públicos y la institución.
Así lo ha trasladado la consejera, Begoña Gómez del Río, al Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad durante la reunión celebrada en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), donde ha indicado que el documento servirá de base a la elaboración de la ley reguladora de esta materia, ha informado el Gobierno este miércoles.
Entre los objetivos de desarrollo sostenible que incluirá figuran la inclusión social, económica y política; garantizar en todos los niveles la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas de las necesidades de las personas con discapacidad; promover una urbanización inclusiva y sostenible; e impulsar viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles.
También comprende el desarrollo de sistemas de transporte accesibles y sostenibles; y la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual, y otros tipos de explotación.
La elaboración de la Estrategia de Accesibilidad Universal, actuación financiada con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), está impulsada por una comisión en la que intervienen diferentes entidades que manifestaron su voluntad de participación, como CERMI, el Centro Hospìtalario Padre Menni, la Fundación Obra San Martín, CEOE y UGT.
El documento de la Estrategia ya cuenta con un informe diagnóstico que recoge elementos cualitativos y cuantitativos, con la aportación de los agentes implicados a través de un proceso en el que han participado cerca de 100 personas.
La información se ha obtenido mediante entrevistas individuales con representantes de la Administración, entidades sociales, universidad y asociaciones empresariales; y una encuesta en la que han participado representantes de la Administración, colegios profesionales, entidades del ámbito de la discapacidad y asociaciones.
