El juez propone juzgar a Ignacio González y otras 6 personas por el desvío de fondos públicos para comprar Emissao
La investigación cifra entre 6,4 y 9,6 millones el perjuicio económico para la Comunidad de Madrid y casi 5 millones de comisiones ilegales
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras 6 personas por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, en una operación que habría supuesto un perjuicio económico para la Comunidad de Madrid de entre 6,4 y 9,6 millones de euros.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la conclusión de la instrucción de esta pieza separada del caso Lezo sobre la adquisición de la empresa brasileña a cargo del Canal Isabel II, una vez que ya estaba bajo el mando de González, así como sobre el presunto reparto de comisiones derivados de la operación de compra.
Anticorrupción también pedía el procesamiento del que fuera mano derecha de Ignacio González y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond; el exgerente de Inassa Diego García Arias; el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro; así como el representante de Emissao Sebastiao Cristovam.
SEGUNDA PIEZA DE LEZO CONCLUIDA
Con este auto de procesamiento, el magistrado considera pertinente el cierre de la segunda pieza de este caso de corrupción que estalló en abril de 2017 y supuso la detención del exvicepresidente madrileño, pues ya dictó otro auto en relación a la pieza sobre Inassa, en la que procesó a una veintena de ex altos cargos del Canal de Isabel II, en este caso por la compra de la empresa colombiana a finales de 2001.
Según explica García Castellón en su auto, el proceso de adquisición de Emissao, que comenzó en el otoño de 2012 y se hizo a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa, estuvo «plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición».
Este plan, dice el juez, fue «ideado por» Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, Diego Fernando García Arias, Luis Vicente Moro y Ramón Navarro, quienes «habrían pactado repartirse 5,4 millones de dólares (más de 4,8 millones de euros) en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio».
Para ello, contaron con la «colaboración esencial» de Sebastiao Cristovam, propietario de Emissao, quien «se avino a incrementar el precio de la venta con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos públicos».
INFORME SOBRE GRAVES DEFICIENCIAS
En el proceso también contaron con el «beneplácito» de María Fernanda Richmond, quien, «conociendo las circunstancias de la operación, facilitó su tramitación, ocasionando un grave perjuicio» al Canal de Isabel II, «por cuyos intereses debía velar». Además, «su actuación fue esencial para conseguir las preceptivas autorizaciones, pues, tras ocultar al resto de consejeros todos los detalles de esta operación, permitió que votaran favorablemente», apunta el auto.
«A pesar de disponer de un dossier explicativo de la operación, elaborado entre los meses de enero y marzo de 2013 por personal vinculado a Inassa y KPMG, que desvelaba las graves deficiencias existentes en la información financiera y contable suministrada por el vendedor, su sobrevaloración, el sobreprecio que se disponían a pagar, situado en ese momento en torno a 30 millones de dólares, así como la necesidad de realizar un procedimiento de evaluación más profundo que proporcionara una imagen clara de los posibles riesgos financieros, fiscales y laborales, obviaron deliberadamente todas estas advertencias y continuaron con la operación», asevera el juez.
El contrato de compraventa de Emissao se firmó en noviembre de 2013 por un precio de 29,5 millones de dólares (más de 26,6 millones de euros), que recibió Cristovam en enero de 2014. Acto seguido, éste transfirió el importe de las comisiones ilegales (5,4 millones de dólares) desde su cuenta de Suiza a distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los otros investigados y sus sociedades interpuestas.
GONZÁLEZ, COMISIÓN DE 1,8 MILLONES DE DÓLARES
El reparto se hizo de este modo: para Ignacio González, un total de 1,8 millones de dólares (1,6 millones de euros), mientras Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro y Moro se llevaron 900.000 dólares (813.400 euros) cada uno. En cuanto a Richmond, no consta en la investigación que llegara a percibir comisión alguna por la operación.
Mientras que el magistrado ve motivos para enviar a juicio a estos siete investigados, acuerda el sobreseimiento de la causa respecto a los hechos para 14 personas que habían permanecido investigadas estos dos años y medio que ha durado la instrucción.
