La directora de cumplimiento de Ericsson abandona la compañía
La compañía sueca de redes y telecomunicaciones Ericsson ha anunciado este martes Ericsson que Laurie Waddy dejará la empresa tras haber desempeñado durante casi cuatro años el cargo de directora de cumplimiento de la multinacional, que ha designado como sustituto provisional a Jan Sprafke.
«La búsqueda de un sucesor está en marcha», ha señalado Ericsson, añadiendo que, como director de cumplimiento interino, Jan Sprafke reportará a Scott Dresser, director legal de la compañía y al Comité de Auditoría y Cumplimiento de la junta directiva hasta que se identifique un reemplazo permanente.
Laurie Waddy se incorporó a Ericsson en abril de 2019 y ha desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de la función de ética y cumplimiento de la empresa escandinava, según la compañía.
«Todo el equipo ejecutivo permanece enfocado en la clave prioridad de incorporar una cultura de ética e integridad en nuestro negocio, que creemos que es fundamental para nuestro liderazgo en el mercado», indicó Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de Ericsson.
El pasado mes de diciembre, el fabricante sueco acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) extender por un año, hasta junio de 2024, la vigilancia de cumplimiento independiente pactada en 2019 con las autoridades estadounidenses para zanjar las infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés).
En 2019, Ericsson celebró un acuerdo con el DOJ y la SEC para zanjar el caso por las violaciones de la FCPA relacionadas con la actuación de la compañía escandinava en Irak, donde la multinacional reconoció haber realizado pagos a intermediarios y usado rutas de transporte alternativas en un momento en el que organizaciones terroristas, incluyendo el ISIS, controlaban algunas rutas de transporte en el país.
Como parte de aquella resolución, Ericsson acordó contratar a un supervisor de cumplimiento independiente por un período de tres años mientras la empresa fortalecía su cultura y establecía un riguroso programa de control, cumplimiento y anticorrupción.
